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El amianto está en el aire

El lunes comienza el segundo juicio por una demanda colectiva en el que 26 extrabajadores de Uralita reclaman 4,3 millones de indemnización por daños y perjuicios mientras aparecen los primeros casos entre familiares y vecinos.

el 14 feb 2014 / 21:26 h.

extrabajadores y familiares uralita Al igual que en el primer juicio, familiares y extrabajadores de Avida acudirán a apoyar el lunes a los denunciantes. / J.M. Espino José María Pavón trabajó durante 24 años en la fábrica de Uralita en Bellavista. Más de 12 años después de salir de allí tras el cierre de la factoría, en 1999, sus problemas para respirar se fueron agravando progresivamente hasta el punto de no poder subir una escalera. Fue entonces cuando le diagnosticaron asbestosis, que posteriormente desembocó en enfisema pulmonar, reconocido en su momento como enfermedad laboral por los años de exposición al amianto. José María se unió a los procesos de demanda colectiva de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) para reclamar a la empresa una indemnización por daños y perjuicios pero murió antes del juicio, que se celebrará la próxima semana. «Desde que se lo diagnosticaron duró dos años», explica su hija Patricia (falleció en octubre de 2012), que admite temer por su madre y ella misma porque «están apareciendo casos de familiares de trabajadores afectados porque no había medidas de seguridad. Él traía la ropa de trabajo a casa y mi madre se la lavaba». El lunes comienza el segundo juicio en Sevilla por una demanda colectiva de 26 extrabajadores de Uralita que reclaman en total 4,3 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. De los 26, dos han muerto mientras se tramitaba la demanda y llegaba el juicio y otros cuatro son los familiares de operarios ya fallecidos que decidieron emprender esta reclamación buscando justicia una vez que el amianto se llevó a sus padres o esposos. El primer juicio se celebró el pasado junio, con otros 26 afectados –en ese caso hubo cuatro que murieron durante el proceso– y la sentencia solo concedió indemnización, por debajo de las cuantías reclamadas, a 12, al considerar el resto de los casos prescritos (tanto los denunciantes como Uralita han recurrido el fallo). El principal «caballo de batalla» de Avida es rechazar la prescripción porque, como destaca el presidente de la asociación, Antonio Delgado, los casos que llegan a juicio «son solo la punta del iceberg» ya que la mayoría de los afectados no pueden demandar una indemnización en la jurisdicción social porque actualmente solo es posible hacerlo en el plazo de un año desde el reconocimiento de la enfermedad profesional. El problema es que las principales patologías asociadas al amianto –asbestosis (reducción de la capacidad respiratoria), cáncer de pulmón y mesiosteloma (de pleura, el más grave y fulminante en apenas 6 meses)– aparecen entre 20 y 30 años después de la exposición a la sustancia (un estudio epidemiológico de la UE estima que entre 2010 y 2025 se producirán 45.000 muertes en España por enfermedades relacionadas con esta sustancia) y según explica la abogada de Avida, María José González, «los daños son continuados, es difícil determinar cuándo comienzan, se van agravando y no se paran en ningún momento en el que se pueda saber que ya no va a ir a más» por lo que «el problema es ¿a partir de cuándo contamos el año?». José Menor, trabajador de Uralita durante 22 años y enfermo de asbestosis, fue uno de los demandantes en el primer juicio al que la jueza le denegó la indemnización pedida por considerar su caso prescrito, ya que la enfermedad laboral le fue reconocida hace siete años y pese a que sí logró que el TSJA admitiera que hubo negligencia de la empresa por la falta de medidas de seguridad y le aplicó a su pensión un recargo del 30% por ello. Tanto el presidente de Avida como la letrada alertaron de que los efectos del amianto son «un problema de salud pública» y exigen por ello implicación a las administraciones públicas. A la asociación no solo están llegando casos de familiares de trabajadores sino de vecinos de barrios próximos a la fábrica o en los que se vertían residuos de la misma, como Fuente del Rey en Dos Hermanas, donde vivió de pequeña la mujer de Rafael, fallecida de un mesioteloma que le diagnosticaron «40 años después» de su contacto con las trazas de amianto que «los camiones de la fábrica vertían en un solar donde jugaba de pequeña». Precisamente, la Diputación está pendiente actualmente del análisis de unas trazas de amianto aparecidas en terrenos de Cortijo del Cuarto para determinar el proecedimiento de limpieza de los terrenos, si bien la denuncia de los vecinos de una urbanización cercana fue realizada antes de verano y hasta ahora la institución provincial dice seguir pendiente de unos segundos informes realizados para determinar la fórmula más adecuada para retirar los residuos, una vez que los primeros análisis confirmaron que eran trazas de amianto procedentes de un antiguo vertedero de la factoría. La fábrica de Uralita cerró definitivamente en 1999 y los terrenos fueron limpiados y restituidos. Pero el amianto sigue muy presente en techos, tuberías, bajantes o depósitos de agua de inmuebles, como recordó el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, quien aprovechó para pedir a la Junta que el plan de reactivación de la construcción prime las actuaciones para retirar esos elementos «al menos de los edificios públicos». También reclamó a la Consejería de Empleo que exija a todas las empresas que utilizaron amianto –en Europa se prohibió su uso en 1999 pero en España en 2002– un registro de trabajadores que estuvieron expuestos para llevar un seguimiento sanitario ya que solo a través de Avida y el sindicato hay constancia de unos 10.000 en Andalucía «y son una mínima parte» ya que esta sustancia se utilizó en la industria automovilística o naval. Tanto Carbonero como el presidente de Avida criticaron que el Grupo de Trabajo que la Junta creó para el control de este problema y la Comisión parlamentaria llevan años paralizados.

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