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El año cero de Susana Díaz

En el primer semestre, los socios PSOE e IU quieren aprobar las leyes más importantes de la legislatura

el 01 ene 2014 / 22:00 h.

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La presidenta andaluza, Susana Díaz, abraza al líder federal, Pérez Rubalcaba La presidenta andaluza, Susana Díaz, abraza al líder federal, Pérez Rubalcaba Dice el Gobierno que 2014 será el primer año, después de seis consecutivos de crisis, en el que se notarán los primeros síntomas de recuperación económica. Esta tesis coincide con que también será un año electoral que inevitablemente va a servir de plebiscito a los partidos políticos y a muchas de las decisiones que han adoptado esta legislatura: la reforma laboral, los recortes sociales, los múltiples planes para crear empleo, el debate territorial con Cataluña al fondo y el nuevo modelo de financiación autonómica que debe diseñarse en los próximos días, el cambio de gabinete en Andalucía solo un año después de las autonómicas, la irrupción volcánica de la primera presidenta de la Junta, el trabajo que han hecho y el que han dejado de hacer los socios de Gobierno PSOE-IU en la primera mitad del mandato... De cómo encajen estas dos ideas –la hipótesis de que la crisis empieza a remitir y la seguridad de que los políticos se lanzarán a la carrera electoral en función de sus intereses– dependerá en gran medida lo que ocurra en 2014. Y lo que dure. En Andalucía este año que empieza atravesará en pocos meses (abril) el ecuador de la legislatura para adentrarse rápido en un largo y dilatado calendario electoral. En el primer semestre, los socios PSOE e IU se proponen aprobar gran parte de las leyes y medidas que recoge el pacto de Gobierno, de las que aún no ha cristalizado ninguna. Tendrán, por tanto, que sentarse a parlamentar en mitad de la batalla por las urnas, ya que compiten por el mismo espacio electoral en las europeas de mayo y en las municipales de 2015. Estas dos citas también servirán al PP para comprobar la salud de la victoria que lograron en las autonómicas, con la que se convirtieron en la fuerza más votada sin capacidad de gobierno. En mitad de este panorama imprevisible se adivinan los principales retos de 2014, los que se renuevan cada curso porque no se vencieron en años anteriores, como el paro, y los nuevos desafíos que finalmente van a revelar la capacidad de Gobierno de Susana Díaz, gran promesa del renacimiento socialista. La presidenta ha englobado esos retos en tres grandes esfuerzos: “Blindar el Estado de bienestar, prestigiar la política y recuperar la credibilidad en las instituciones”. Aquí los desmenuzamos un poco más: Paro y recuperación Las previsiones del Gobierno, refrendadas por varios expertos, vaticinan un crecimiento de la economía andaluza en el segundo semestre del año. Muy leve, del 1,1% del PIB según Analistas Económicos de Unicaja. Pero de confirmarse supondría el primer repunte de la economía regional en los últimos cinco ejercicios (desde 2008 el PIB andaluz ha caído un 6,6%). Excepto la construcción, se estima que todos los sectores producirán más. Sin embargo, 2014 empieza con una tasa de paro un punto porcentual superior a la del año pasado. El 36,5% de la población activa andaluza (1,4 millones de personas) continúa sin trabajo, una cifra “insoportable” que frustra cualquier atisbo de mejora. El paro entre jóvenes menores de 25 años alcanza cotas epidémicas: un 67,5% según la última EPA. Este dato tiene mucho que ver con la emigración de jóvenes que buscan trabajo en el extranjero, algo que ha provocado el descenso de la población activa y que podría explicar la previsión de empleo neto a partir del segundo semestre. La recuperación de la economía se vincula al aumento de las exportaciones y al turismo, sectores en los que Andalucía va por delante de otras regiones. Pero el paro previsto para 2014 apenas descenderá un punto: 36,3% según los analistas, que advierten del abuso de la temporalidad en hoteles y hostelería. Díaz convocó a los principales empresarios andaluces nada más tomar posesión, con la intención de sellar una alianza con ellos para “abrir en canal la economía andaluza”. La patronal le planteó que los principales inconvenientes eran dos: la falta de financiación y las complejas trabas burocráticas para emprender un proyecto. La solución prevista para el primer problema será el llamado banco público de crédito andaluz, una entidad financiera que la Junta prevé crear antes de que finalice el año, y que aspira a inyectar liquidez a las empresas andaluzas. Para el segundo escollo, la madeja burocrática de la administración, la Consejería de Economía presentará un informe el 7 de enero que propondrá cómo agilizar todos los trámites. El déficit y los recortes 2014 cuenta con un Presupuesto autonómico muy debilitado (29.616 millones de euros), sin inversiones notables y en el borde de la regresión en políticas sociales. Cualquier recorte sobrevenido en el gasto público podría arañar dramáticamente la piedra angular del Estado de bienestar: la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia se mantienen con mucho menos soporte financiero que otros años. El ajuste imprevisto para Andalucía podría llegar en febrero. El Ministerio de Hacienda tendrá los datos definitivos del cierre del ejercicio 2013 y sabrá entonces si la región ha cumplido con el objetivo de reducir el déficit público –diferencia entre ingresos y gastos– al 1,58% del PIB. El año pasado rebasó ese límite. Hacienda advirtió en noviembre a la Junta que iba camino de volver a incumplirlo y le requirió un recorte adicional próximo a los 500 millones. La Junta se negó. Andalucía está acogida al Fondo de Liquidez Autonómica desde hace un año, y aspira a seguir recibiendo liquidez del Estado porque afronta los mismos problemas de tesorería para costear sus servicios y pagar a proveedores. Hacienda sigue esgrimiendo la ley de estabilidad presupuestaria, que le permite sancionar o intervenir las cuentas de una comunidad incapaz de controlar su cuenta de gastos. Este órdago, que ya propuso en 2013 sin llegarse a ejecutarlo, se va a topar de lleno con el debate territorial, con el descontento de muchas regiones por el modelo de financiación autonómica y con el reto secesionista de Cataluña. El debate territorial Uno de los mayores desafíos políticos que afronta la Junta es la negociación inminente del nuevo modelo de financiación autonómica. El actual sistema de reparto de la riqueza del país entre comunidades, que data de la época de Zapatero, expiró hace unos días. Andalucía, igual que el resto de comunidades, aspira a un nuevo modelo que mejore sus ingresos por tributos, que compense el desequilibrio económico entre las regiones del norte y del sur y tenga en cuenta la población. El problema de este debate es que todas las comunidades tienen las mismas aspiraciones, todas exigen un trozo del pastel más grande, pero en realidad la tarta es mucho más pequeña. Dar de más a una significará quitárselo a otra, lo cual anticipa tensiones territoriales y con el Gobierno central. Díaz, igual que hizo su antecesor, abandera un nuevo modelo territorial que defina de una vez por todas las competencias autonómicas y un reparto equitativo y solidario de las riquezas. El PSOE es aliado del presidente Rajoy frente al órdago catalán, pero considera una trampa confrontar los intereses del Estado al de las comunidades. Los socialistas defienden un federalismo cooperativo y no dejarán que la consulta por la autodeterminación de Cataluña derive en un mayor centralismo por parte del Gobierno. El debate sobre la financiación autonómica se verá contaminado con la publicación de las balanzas fiscales, que revelarán si unas regiones se han beneficiado más que otras en ese equilibrio entre lo que más aportan a la riqueza estatal y lo que más reciben. La carrera electoral En mayo serán las elecciones europeas, la primera prueba para los nuevos rostros que pilotan los tres principales partidos andaluces. De estos comicios, donde Andalucía se juega unos 10.000 millones en las ayudas que ahora recibe [dejará de ser objetivo uno de la UE porque su nivel de riqueza supera al 75% de la media], se va a hacer una lectura en clave interna. ¿De verdad Susana Díaz ha revitalizado al electorado del PSOE? ¿Cuánto respaldo ha perdido el PP-A desde su victoria en las autonómicas de 2012? ¿Está IU amortizando su papel dentro del Gobierno andaluz, de verdad es una fuerza creíble y en alza? La carrera electoral culmina en las autonómicas de 2016, pero por ahora no hay candidatos oficiales ni en el PP ni en IU. La enorme relevancia que Díaz ha adquirido en el PSOE le hará jugar un papel importante en la renovación del partido a nivel federal, que se someterá a un proceso de primarias. Entretanto, los populares tienen previsto nombrarlo en un congreso a finales de febrero, siendo el secretario general José Luis Sanz el mejor posicionado. La federación de izquierdas ha postergado el debate a después del verano, antes de las municipales de 2015. IU busca el momento de dar un golpe de efecto para revitalizar y dar a conocer la figura del coordinador regional, Antonio Maíllo, desdibujado en el coro de voces múltiples de la coalición. Los roces entre PSOE e IU dentro del Gobierno se han agudizado desde la llegada de Díaz. La asfixia económica, los contrapesos políticos para sacar adelante medidas sociales, que IU ha sabido amortizar mejor que el PSOE (agotado con la herencia de los ERE), y la sombra constante de un posible adelanto electoral estará presente a lo largo de 2014. Los alcaldes del PP empezarán el año movilizándose contra los recortes de la Junta, y PSOE e IU han hecho lo propio contra las medidas restrictivas del Gobierno central. La corrupción La instrucción del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) podría culminar en 2014 después de tres años y 133 imputados, según admitió recientemente la jueza Mercedes Alaya. Los ERE, la investigación sobre la financiación irregular y las facturas falsas en el sindicato UGT-A, el supuesto uso irregular de fondos públicos en la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) y la imputación de sus principales líderes, que pasarán por los juzgados en marzo, así como los casos Invercaria y Madeja marcarán el ritmo político al Gobierno andaluz, y también al PP. Díaz se ha marcado como prioridad desterrar la corrupción de la vida pública, pero en los juzgados se acumulan los excesos de los años de bonanza en la economía andaluza, y tanto la política como los agentes sociales están en tela de juicio. El reto será recuperar el prestigio de las instituciones en el mayor momento de desafección ciudadana que atraviesa el país. Litigios pendientes Mientras se recupera el prestigio de la política, el Gobierno central y el andaluz van a seguir haciéndose oposición en los tribunales. La Junta prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma local, que restringe la autonomía de los ayuntamientos, y la reforma educativa, que considera un retroceso a la igualdad de oportunidades. El Gobierno central ha recurrido ya la ley antidesahucios, paralizada en los tribunales, la subasta de fármacos y la ley electoral por la incompatibilidad del cargo de alcalde y diputado. La Junta también ha llevado al Constitucional los primeros recortes en sanidad y educación, las tasas judiciales y la Ley de Costas. Ha amagado varias veces con recurrir la inversión estatal en Andalucía, por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, pero no termina de hacerlo.

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