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El año en que Andalucía aspira a redefinir la España autonómica

Batir el paro sera el gran desafío económico de la Junta, reformar el modelo territorial y lograr una mejor financiación para las comunidades, será el principal reto político.

el 01 ene 2013 / 19:38 h.

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Un grupo de personas desempleadas espera su turno en la oficina de empleo de Cerro Amate, en Sevilla.

Decía Oscar Wilde -con el mismo cinismo de los ingleses que no pertenecen a la unión monetaria europea- que lo más irritante del fin del mundo "debe ser volver a empezar para hacer justo lo mismo que antes". Es decir, que lo más dramático no es que todo acabe, sino que el día después todo siga como si nada. El mayor reto del Gobierno andaluz este año no puede ser otro que tratar de reducir una tasa de paro desorbitada, que afecta ya al 35% de la población activa. Claro que éste es un desafío compartido por la comunidad internacional que no ha variado desde 2008, año en el que colapsó el mercado inmobiliario, hubo una contracción internacional del crédito bancario, muchas empresas dejaron de asumir los costes de producción y empezaron a proliferar expedientes de regulación de empleo. Como ninguna de estas circunstancias ha cambiado, sino que se han recrudecido, la Junta se enfrenta este año al mismo reto que el anterior y el anterior y el anterior, sólo que las cifras que tiene por delante son más difíciles de abarcar.

Tres millones de andaluces viven al borde de la pobreza y subsisten con una renta inferior al 60% de la media nacional. Entre ellos se encuentran los casi un millón y medio de parados que hay registrados en esta comunidad, de los que el 52% son jóvenes, según datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Exclusión Social. Éste es un tipo de desempleo con una fisonomía inédita hasta hace poco, porque no sólo tiene atrapados a los chavales sin estudios (el 27% de alumnos andaluces no termina la escuela), también ha forzado a cuatro de cada diez licenciados universitarios a aceptar trabajos infracualificados o a emigrar del país para obtener ingresos.

Nadie se aventura a afirmar cuál será el horizonte político de este año que acaba de comenzar. Los empresarios no creen que España vaya a crear empleo neto hasta 2014. El presidente del Gobierno pide paciencia y vaticina que terminaremos mejor de lo que hemos empezado. Y para adivinar el futuro inmediato de Andalucía, hay que escuchar a Mariano Rajoy, o mejor a su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque ya es seguro que en esta legislatura la Junta cuenta con escaso margen de maniobra para acometer grandes medidas.

Las principales reformas que se han aprobado hasta ahora, las que determinarán en gran parte qué ocurrirá en 2013 en la economía y en la sociedad andaluza, han venido impuestas por la Moncloa. Todo el esfuerzo del primer Gobierno andaluz de coalición (PSOE-IU) se centrará en seguir explorando ese cada vez más estrecho margen autonómico para aplicar "políticas de contraste" que salvaguarden la educación, la sanidad y los servicios sociales. Andalucía defiende un camino alternativo para luchar contra la crisis sin privatizar servicios esenciales ni despedir a empleados públicos. De los Consejos de Gobierno sale menos política, pero más gestión, remarcando siempre las diferencias con Rajoy.

Litigios pendientes // El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es el único referente institucional de peso que le queda al PSOE en el país, así que parte de su responsabilidad con el partido que aspira a dirigir España pasa por subrayar cada día que existe una alternativa de gobierno. El PP le acusa de no hacer nada para combatir el paro y de carecer de hoja de ruta para 2013, "más allá de confrontar con el Gobierno".

Cuando no es posible esquivar los recortes presupuestarios, la Junta se atrinchera en los tribunales: tiene recurridas ante el Constitucional los decretos leyes que hicieron menguar el gasto en sanidad y educación. A finales de mes prevé recurrir el cobro de las tasas judiciales y además baraja denunciar por la vía administrativa el incumplimiento del Estatuto sobre la inversión estatal en Andalucía en función de su población. Es probable que a lo largo del año también se desvelen los litigios con los que el Gobierno respondió a la Junta: contra la subasta de fármacos (que fue paralizada y luego desbloqueada en los tribunales a espera de sentencia firme), contra las oposiciones de ESO, que dejó en la estacada a 30.000 profesores y contra la ley Electoral andaluza que declara incompatible el cargo de alcalde y de diputado.

Rajoy ha situado un cambio de tendencia a finales de este año: la economía española despertará, las colas del paro empezarán a menguar, la productividad y las exportaciones fluirán a un ritmo mejor y la reforma laboral se habrá consolidado, generará más confianza en los empresarios y se reactivará la creación de empleo.

Déficit comprometido // Griñán tiene menos confianza en que 2013 vaya a ser el año de la recuperación. Por ahora, su horizonte político más inmediato es febrero. El mes que viene, el Ministerio de Hacienda tendrá los datos definitivos del cierre del ejercicio 2012 y desvelará si las comunidades han cumplido con el objetivo de reducir el déficit público al 1,5% del PIB, un compromiso con Bruselas. Montoro ya ha amenazado a las que incumplan con activar los mecanismos de sanción que regula la ley de estabilidad presupuestaria: obligar a las comunidades a asumir nuevos recortes o intervenir las cuentas autonómicas. No es un secreto que Andalucía está en el punto de mira. La Junta ya acudió al Fondo de Liquidez Autonómica, del que recibió 2.133 millones, aunque solicitó el doble. En 2013 ha vuelto a reclamar otros 7.000 millones al fondo de rescate porque sigue teniendo los mismos problemas de tesorería y dificultades para pagar a tiempo a colegios, guarderías, las pymes de carácter social... Además debe cerrar el año con un déficit inferior al 0,7% del PIB.

La idea de que Andalucía sea intervenida por el Estado en febrero tiene mucho que ver con el plan de reacción que ha previsto Griñán. En un gesto sin precedentes, el presidente de la Junta ha convocado a los andaluces, el próximo 28 de febrero, día de Andalucía, a una gran movilización de protesta contra los ajustes que "están poniendo en riesgo el Estado de Bienestar". Su socio de Gobierno, el vicepresidente Diego Valderas (IU), quiere ir más allá y propone una consulta popular para ratificar en las urnas el no a las "amenazas" de Montoro.

La apuesta de la Junta por la movilización social es alta y arriesgada. PSOE e IU se han consolidado como socios de Gobierno. Pero a pesar del descontento ciudadano por los recortes de Rajoy, la gente ha seguido votando al PP. El 28F Griñán pretende reeditar el espíritu del autonomismo que sacó a la calle a miles de andaluces con banderas blancas y verdes hace 35 años. El presidente espera apoyarse en la masa social para promover "un gran pacto por Andalucía" con patronal, sindicatos y el resto de fuerzas políticas, que vaya más allá de los acuerdos de Concertación Social. Un compromiso mutuo a la altura del Pacto de Antequera o los pactos de la Moncloa. "Este gran acuerdo deber forjarse de abajo arriba, desde la sociedad civil a la institución", dice. Pero esa sociedad civil a la que apela Griñán vive el mayor momento de desafección política de la historia reciente. Las encuestas indican la absoluta desconfianza e indiferencia de la ciudadanía respecto a la clase política y la gobernanza de la región.

Su objetivo no es sólo enviar un mensaje a Rajoy en contra de sus políticas de ajuste. Griñán también quiere que Andalucía participe activamente en el debate territorial que se ha desencadenado y que, a su juicio, se encuentra polarizado entre las posturas revisionistas de Madrid y Cataluña. De un lado, el Ejecutivo central acusa a las comunidades de derrochar el dinero público y aboga por un mayor centralismo que limite su margen de autogobierno. De otro lado, el nacionalismo periférico catalán, que oscila entre el pacto fiscal y el referéndum por la independencia, busca "romper el modelo de convivencia que fue consensuado por todos en la Carta Magna". Ambas posturas "ponen en peligro el principio de igualdad del modelo autonómico", dice Griñán, a quien su partido le ha encargado dirigir un grupo de trabajo que en otoño presentará una propuesta de reforma de la Constitución. El líder andaluz cree que es una trampa caer en un debate que enfrenta los intereses del Estado con el de las regiones, y replica que la cuestión fundamental es cerrar "de una vez por todas" el modelo territorial definiendo con claridad las competencias autonómicas y sus funciones, y proponiendo una mejor financiación para todas. El PSOE quiere liderar ese debate, integrar al resto de fuerzas políticas, y propone una estructura de Estado basada en la idea de "federalismo cooperativo".

Este año no va a ser fácil. Andalucía no ha dejado de caer hasta alcanzar cotas de pobreza y desarraigo social que no se veían desde finales de los años setenta. Hace cinco años el índice de desigualdades sociales en la comunidad estaba nueve puntos por debajo de la media del conjunto del país, ahora está en 13 puntos. El número de desahucios (a un ritmo de más de 3.000 por trimestre en 2012) es el segundo más alto, una cifra dramática que incluye víctimas mortales, personas que se suicidaron porque iban a ser desalojadas ante la imposibilidad de pagar la hipoteca.

Las ONG creen que muchos de los andaluces que han caído en la pobreza son incapaces de admitir la falta de recursos por "vergüenza". La mitad no puede permitirse vacaciones de una semana ni afrontar gastos imprevistos como una enfermedad repentina. Cada vez más familias viven de la pensión de los abuelos, cuyo poder adquisitivo se reducirá entre el 15 y el 20% este año. Otros muchos acuden a comedores sociales mientras la quiebra social se sigue agrandando y lo que antes era considerado la clase media empieza a difuminarse. El reto no ha cambiado respecto al año pasado. La cuestión es si cambiarán los instrumentos para lograr el éxito.

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