Por primera vez se invirtieron las tornas en las elecciones. Más de una decena de encuestas anticiparon la victoria del PP en Andalucía, que se consumó por partida doble. En mayo, los populares se hicieron con el gobierno de todas las capitales y de cinco diputaciones. En las generales, que por primera vez desde 1990 no coincidieron con las autonómicas, el PP obtuvo 33 diputados, el PSOE 25 e IU volvió al Congreso con dos escaños por Andalucía. El mapa de la comunidad, como el del resto de España, se tiñó de azul con un único punto rojo: Sevilla, única provincia donde ganó el PSOE.
2011 quedará en la historia política de la comunidad como el año en que el PP ganó por primera vez en Andalucía. Los populares lograron una victoria histórica en las municipales, en las que se impusieron a los socialistas por 300.000 votos, y en las generales del 20 de noviembre, donde sacaron nueve puntos al PSOE. 30 años de gobiernos socialistas, la alta cifra de paro -cerca de un millón- y la gestión de la crisis de Zapatero hundieron al partido y le hicieron perder más de 700.000 votos.
En medio de un escenario tan adverso, el Gobierno andaluz se empeñó en "marcar la diferencia" en la gestión de la crisis frente a otras comunidades gobernadas por la derecha. Los socialistas andaluces hicieron bandera con la comunidad, la única -al margen del País Vasco- en manos del PSOE y defendieron su modelo socioeconómico como la vía alternativa de izquierdas para salir de la crisis. El Presupuesto andaluz de 2012 se convierte en un baluarte y no solo preserva el gasto social en mitad de una ola de recortes y desmantelamiento de los servicios públicos en otras regiones, sino que lanza órdagos como el crecimiento en educación. Los socialistas defienden además que han puesto en marcha medidas únicas para proteger y crear empleo (hablan de una inversión de más de 14.000 millones de euros, que ronda el 9,5% del PIB andaluz) en sectores como el de la construcción y en apuestas como la externalización de las empresas (las exportaciones crecieron por cuarto año consecutivo) o la innovación (Andalucía se convierte en la comunidad donde más crece la inversión en I+D+i). En total, los andaluces cuentan con doce nuevas leyes este año. Algunas referidas a derechos como la muerte digna, otros de corte económico -como la de cooperativas, autónomos, calidad agroalimentaria o del olivar- y otro cupo de lucha contra la crisis, adoptando una política fiscal que recae más sobre las clases altas o incluyendo medidas de ahorro como la subasta de medicamentos en la sanidad.
En clave de partido, las municipales fueron la primera gran prueba de fuego de José Antonio Griñán como líder del PSOE andaluz y se saldaron con la derrota del partido. Esto desencadenó una crisis interna y una batalla por el poder en la mayoría de provincias. Sonados han sido los pulsos en Almería, Málaga y el último en Jaén, con la salida de la exalcaldesa Carmen Peñalver, como secretaria de la agrupación local, tras el nombramiento de una gestora. También la dimisión del exconsejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, histórico dirigente de la era de Manuel Chaves, se enmarca en las serias desavenencias con la dirección regional socialista. Griñán perdió este año a otra de sus consejeras, a Rosa Aguilar, su fichaje estrella cuando formó su primer Gobierno. Aguilar se marchó a Madrid al gabinete de Zapatero como ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
También ha hecho daño al Ejecutivo de Griñán la batalla de los funcionarios, contrarios a la reordenación del sector público, y el caso de los ERE, cuya investigación judicial aún no ha terminado. Sobre lo primero, los trabajadores públicos han protagonizado decenas de protestas en la calle, algunas multitudinarias, y han reventado más de un acto del PSOE en campaña. Los tribunales están dando continuamente la razón a los sindicatos que recurrieron la reforma de la Junta.
El caso de los ERE se destapó tras difundirse la declaración policial de uno de los imputados, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, quien aseguraba que durante una década se habían dado ayudas a empresas y trabajadores supuestamente con problemas sin control alguno a cargo de un "fondo de reptiles". Ese fondo, dotado con 647 millones de euros, estaba destinado a empresas en crisis para pagar los Expedientes de Regulación de Empleo y dependía de la Consejería de Empleo. El caso suma ya 30 imputados, hay casi una decena de cargos socialistas, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
La Junta abrió una investigación interna paralela a la instrucción de la jueza Mercedes Alaya, con la que mantiene un tenso pulso porque el Gobierno cree que la magistrada atiende a pies juntillas las peticiones del PP, personado en la causa. El Ejecutivo, que ha recurrido varios autos en los que se vincula a Griñán con la trama, ha detectado, de momento, 72 intrusos -personas que se prejubilaron en un ERE pero que nunca habían trabajado-, que se llevaron diez millones de euros, y ha denunciado una trama corrupta de 18 empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
