Casi un centenar de prejubilados llegaron a las puertas de la Consejería de Empleo para disolverse a los pocos minutos, tras lograr el compromiso de pago por parte de la Junta a las aseguradoras que se harán cargo de sus indemnizaciones.
Estos prejubilados de verdad se han quedado sin cobrar debido a la investigación judicial que afecta al caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) falsos, y quienes llegaron a concentrarse fugazmente ante la consejería suponen la punta del iceberg de las 5.800 víctimas de estos ERE con intrusos, una trama en la que 72 personas que nunca trabajaron en empresas que recibieron ayudas de la Junta para aligerar plantilla aparecen como prejubilados con derecho a prestación, en algunos casos muy elevada.
Además hay otros 111 beneficiarios de pólizas sobre los que Empleo tiene "dudas administrativas".
Según fuentes de la consejería, el pago se ha aligerado tras insistir la Junta en la orden dada a las distintas aseguradoras que se hacen cargo de los ERE para que indemnicen a los extrabajadores auténticos, unos abonos que se han hecho ya en algunos casos, en otros se hará de forma inmediata y en otros -porque cada convenio con cada aseguradora es distinto, pormenorizó un portavoz de Empleo- se abonará por plazos.
Este desbloqueo lo confirma asimismo UGT, que tras "múltiples conversaciones con la consejería y la compañía de seguros Generali España", ha conseguido desbloquear el pago de las indemnizaciones para antes del lunes, día 23. La movilización abortada ayer en el último minuto es el culmen de una larga serie de protestas.
Hace una semana precisamente los líderes autonómicos de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, se reunieron con el consejero de Empleo, Manuel Recio, cuando se garantizó este pago. Pero los fondos sólo han llegado tras el amago de manifestación.
El problema de estos trabajadores comenzó a raíz de que se descubrieran en noviembre de 2010 los primeros intrusos en el ERE de 2007 de Mercasevilla tras las investigaciones de Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción no 6 de Sevilla, y de la Consejería de Empleo, que inició una investigación interna en la que detectó 183 irregularidades en ERE de 68 empresas que había ayudado a financiar.
La mayoría de estos ERE contaban con fondos a través de las aseguradoras Vitalia -uno de cuyos responsables está imputado en la causa de los ERE falsos- y Apra Leven, que ha quebrado y cuyos liquidadores demandarán a la Junta por una deuda de 36 millones de euros.
La protesta prevista para el viernes se había convocado ante posibles retrasos en el pago a los prejubilados, lo que UGT no estaba dispuesta a "permitir". "Finalmente se ha conseguido que Empleo remita las órdenes de pago, así como que Generali realice las órdenes de transferencias y Apra Leven desbloquee la situación", explicaron ayer desde el sindicato. En el mismo sentido CCOO ha aplaudido el desbloqueo del pago de las pólizas a los prejubilados.
