Las instalaciones de energías limpias se han convertido en un motor económico en el sombrío panorama andaluz en los últimos años. Este sector recibió ayer un mazazo después de que el ministro de Industria, Energía y Turismo, Manuel Soria, anunciara que el Consejo de Ministros ha decidido eliminar de manera temporal las ayudas a la instalación de potencia renovable, las primas que han provocado tanta polémica en los últimos años y que auspició el Gobierno socialista para alentar el avance de un nuevo modelo energético frente a otros como el basado en la nuclear. Países como EEUU han puesto a la región como referencia en este ámbito e incluso empresas andaluzas de referencia, como Abengoa, han desembarcado en el país norteamericano para poner en marcha proyectos.
"Estamos muy preocupados y pendientes de lo que previsiblemente salga publicado mañana [por hoy] en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", destacó ayer el presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean Renovables), quien mostró su interés por conocer cuánto de temporal será la medida anunciada por Soria. "Si es transitoria, la tenemos que asumir porque estamos en crisis, pero habrá que ver durante cuánto tiempo se extiende, porque es un gran palo al empleo, ya que estábamos pendientes de cómo se iba a clarificar el horizonte del sector", añadió.
De hecho, aseguró, el impacto sobre el empleo será "muy negativo". "Lo que tengo claro es que esta iniciativa no va a acabar con la crisis y que va a aumentar el paro, no sé si en un una, en 500 o en 1.000 personas, pero seguro que será así", sentenció. Además, apuntó, no sólo el desempleo y las inversiones se verán afectados, sino el dinero que tendrá que pagar el Estado por la importación de petróleo, "que es previsible que se encarezca en los próximos meses". En cualquier caso, Barroso entiende que las instalaciones ya iniciadas no se verán afectadas por esta medida.
Mientras tanto, el Gobierno andaluz, a través del consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, presentará hoy la resolución del concurso de 1.000 megavatios (MW) eólicos. Fuentes de la Junta aseguraron ayer que seguirán adelante con la convocatoria que tendrá lugar en Granada a pesar del anuncio del Ejecutivo central debido a que el de las renovables "es un sector estratégico para la región".
Así, las mismas fuentes recordaron que estas energías limpias generaron 44.000 empleos entre directos e indirectos en 2011 y más de 11.000 millones de inversión en los últimos cuatro años. Además, hay 1.800 empresas en la región que dependen del sector. De hecho, esta actividad ha servido para revitalizar zonas rurales gracias al desarrollo económico y social que suponía la puesta en marcha de un proyecto renovable en los municipios.
Estas firmas y las del resto de España han tenido que padecer la inseguridad jurídica a la que se ha visto sometido el sector tras continuos cambios de normativa y rebaja de las primas. Estas han motivado un continuo enfrentamiento entre defensores de las renovables y compañías eléctricas, debido a que las primas, según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía, suponen casi el 40% de los peajes eléctricos.
Jarro de agua fría. Lo que aprobó ayer el Gobierno fue un real decreto ley que recoge un parón a la instalación de nueva potencia renovable con prima mediante la supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos tanto a las energías renovables como a la cogeneración y la producida a partir de residuos.
En su comparecencia, Soria aseguró que la medida se aplicará con carácter "temporal" y justificó su puesta en marcha en aspectos como los 7.220 millones que, previsiblemente, se destinarán a las primas al régimen especial en 2012. El 70% del importe corresponde a las renovables. "El objetivo es disminuir el déficit público, y la política energética no es una excepción", afirmó.
"De momento", las renovables dejan de estar "primadas con los Presupuestos Generales del Estado", afirmó acerca de la retribución que reciben estas tecnologías, que se carga sobre el recibo de la luz. La duración de la medida no está "predefinida en el tiempo" y "se enmarca en la necesidad de contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit público", señaló. Soria explicó que la medida no es retroactiva, por lo que "no afecta a ningún derecho adquirido" de los actuales promotores, y señaló que forma parte de un "paquete más amplio" de decisiones sobre el sector.
La suspensión evitará la instalación con primas de 500 MW renovables que se encontraban a la espera de registro. Esto evitará el pago de incentivos por 160 millones al año, afirmó. Soria explicó que el sistema eléctrico no tiene "problemas de producción, generación o capacidad instalada", al tiempo que existe un déficit tarifario de 24.000 millones que crece cada año. Además, dijo que no se ha planteado una tasa a la nuclear o una quita del déficit de tarifa.
