Si ya de por sí la sequía es dañina, se ha metido en los cálculos para el nuevo reparto de ayudas comunitarias al arroz, lo que causará al campo andaluz 6 millones de euros anuales en pérdidas. Junta y sector exigen al Ministerio que tome otros años de referencia, pero éste hace oídos sordos.
Las cosas sucedieron así. El pasado abril, Gobierno y comunidades autónomas acuerdan en la Conferencia Sectorial de Agricultura las condiciones para que una serie de cultivos, entre ellos el arroz, entre íntegramente en el régimen de pago único de la Política Agraria Común (PAC), es decir, que el agricultor cobre íntegramente la ayuda comunitaria con independencia del volumen que haya cosechado -en estos momentos, un porcentaje es fijo y otro está vinculado a la producción, y este último es el llamado acoplado-. Para ello, se adoptaron unos años de referencia que sirven de base para la distribución de las subvenciones, ya que, por ejemplo, el rendimiento del cereal en Sevilla no es el mismo que en Tarragona o Valencia.
Pues bien. Entonces se aprobó que 2007 y 2008 fueran los ejercicios a partir de los que cuantificar esas primas, y ambos son precisamente los peores años de esta década en el arrozal de las marismas del Guadalquivir, toda vez que la sequía obligó a recortar las dotaciones de agua para un sector que tan sólo pudo sembrar la mitad de la superficie que en años pluviométricos normales.
Léase, los arroceros andaluces -el cultivo se localiza sobre todo en Sevilla y, en menor medida, en la provincia gaditana- perderán dinero a partir de 2010 con la nueva distribución de las subvenciones. ¿Cuánto? Entre 6 y 6,5 millones de euros anuales, según cálculos de la Consejería de Agricultura, de la Federación de Arroceros y de la patronal agraria Asaja.
"Es mucho dinero", reconoce la secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María Isabel Salinas, quien ha reclamado que se aplique a Andalucía "lo que es de justicia".
¿En qué consistiría la equidad? Tanto el departamento dirigido por Clara Aguilera como el sector piden que sea 2005 el año que se tenga en cuenta a la hora de calcular la ayuda al arroz, pues en Sevilla se pudo cultivar con normalidad, sin restricciones de agua de riego.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sin embargo, se niega a revisar el acuerdo de abril pasado, y así se lo ha hecho saber tanto a Asaja como a la propia Junta de Andalucía. Y su argumento para el no: las decisiones de una Conferencia Sectorial no pueden ser modificadas.
Salinas entiende que sí, y más si se tiene en cuenta la injusticia cometida y la "fuerte pérdida económica". Tanto ella como Aguilera han realizado las gestiones oportunas ante el Ministerio de Elena Espinosa, y el ambiente no es muy proclive a cambios. Por ello, indica la secretaria general, la Consejería y las asociaciones agrarias, de cooperativas y arroceros firmarán un documento conjunto para que se revise el pacto -"la unión hace la fuerza", comenta Salinas- ya que la sequía es suficiente justificación como para que el
Ministerio haga una excepción y no aplique un año de referencia lesivo para los arrozales andaluces.
No en vano, dice Antonio Caro, técnico de Asaja de Sevilla, la modificación es aún posible porque el Real Decreto que regulará las ayudas de pago único está en fase de borrador y -recuerda- existen precedentes en los que un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura se altera antes de que sea convertido en norma.
En efecto, así ocurrió con el reparto de las subvenciones a los cítricos. En noviembre de 2007 ese organismo de coordinación, que reúne al Ministerio y los responsables de Agricultura de las comunidades autónomas, aprobó una distribución que sería después unilateralmente modificada por el departamento de Espinosa.
En aquella ocasión, agrega Antonio Caro, ese replanteamiento causó un perjuicio a los citricultores de Andalucía -donde predomina la naranja- frente a los de Valencia -con mayor producción de mandarinas-, y así lo admitió la Consejería, que hizo causa común con el sector para denunciar este descontrol. No se consiguió nada, aunque al final un error obligó al Ministerio a revisar e incrementar la superficie de naranjos para Andalucía, y en parte la pérdida económica se diluyó.
"Si para los cítricos no se respetó el acuerdo, ¿por qué se tiene que hacer ahora para el arroz?", se pregunta Caro. Entonces se benefició a la principal comunidad productora, la valenciana, pero la andaluza es ahora la que más cosecha en los arrozales españoles. Quid pro quo.
El técnico, además, explica que la excepcionalidad es necesaria no sólo por la sequía, sino también porque las tierras del arrozal sevillano son salinas y los productores "no tienen cultivos alternativos para sembrar". Asimismo, indica que desacoplar toda la ayuda es una decisión de España, no de Bruselas, y cualquier error en su cálculo sólo le corresponde al Estado.
