Mientras que la decisión del desalojo o traslado del asentamiento de rumanos situado bajo el Puente de Hierro está en manos de un juez, y Junta de Andalucía y consistorios se lavan las manos, los trabajos de restauración que deberían haber concluido en mayo de 2008 apenas llegan a la mitad.
Con un presupuesto de 4,8 millones de euros, un trabajo por delante de consolidación de la estructura para crear una plataforma reservada al transporte público y carril VAO (vehículos de alta ocupación) y seis meses de plazo de ejecución, comenzó las obras a finales de noviembre de 2007 la unión temporal de empresas (UTE) formada por Azul y Napal. En estos momentos, en la mitad del puente más próxima a Sevilla, en la que se encuentra el asentamiento, ni siquiera se ha comenzado a trabajar.
La ingeniera Ana Alonso, una de las responsables de la dirección de la obra, destaca que "no se está trabajando en ese punto por su propia seguridad". Hoy día, los operarios están rematando la parte más próxima a San Juan de Aznalfarache, mientras que la más cercana a Sevilla -compartimentada en nueve módulos con un total de 490 metros- está todavía sin empezar. "Justamente estamos en la mitad del trabajo, ya que hemos hecho en el lado de San Juan de Aznalfarache los cinco módulos, 270 metros del viaducto de hormigón y 190 del puente", afirma.
En cuanto a los plazos previstos, estima que una vez que empiecen "a trabajar tras el desalojo quedarán unos cuatro meses". Es el tiempo necesario para reforzar las vigas y los pilares, "y en el lado de Sevilla hay una cimentación que hay que reforzar", según destaca.
Sin fecha. Sin embargo, la solución al problema del asentamiento sigue en el aire y sin tiempo previsto. "Desde la Consejería de Obras Públicas no nos han dado una fecha para poder continuar, así que cuando acabemos la otra parte nos quedaremos parados a la espera de que se los lleven a otro lado", afirma Rafael Velázquez, representante de Azul, una de las adjudicatarias del proyecto. "Ojalá que nos dijeran lo que queda porque lo que queremos es empezar", exclama sobre el mismo asunto, ya que los trabajadores tendrán que irse a casa a la espera de poder regresar a las labores en este proyecto.
El incumplimiento de las fechas previstas no va a suponer ningún tipo de sanción para la UTE ya que, como aseguran, empezaron "con ellos debajo" y dieron "la comunicación a Obras Públicas desde el principio" de que no podían "trabajar así por el peligro que conlleva".
Los que también se van a ver perjudicados, y por muchos meses más -los que tarde el desalojo más los cuatro meses que quedarán entonces para concluir los trabajos- son los operadores de transporte público que conectan el Aljarafe con la capital hispalense y a los que el consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido, aseguró el pasado 23 de enero en Sanlúcar la Mayor que el puente estaría "operativo pronto". Lo hizo tras la demanda expresada por el director general operativo de autobuses Damas, Juan Antonio Montoya, de la necesidad de "infraestructuras" que les ayuden a mejorar sus "tiempos de acceso".
De momento tendrán que esperar. La justicia siempre es lenta y en este caso deberán tener paciencia las adjudicatarias y sus trabajadores y los usuarios de autobuses del área metropolitana que confiaban en acortar pronto el tiempo en sus entradas y salidas a la capital hispalense.
