El juicio más esperado del año, el que siente en el banquillo de los acusados al asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño , está cada vez más cerca. Será después del verano y la encargada de celebrarlo será la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, la misma que el pasado verano revocó la decisión de que el juicio se celebrase ante un jurado popular. Esta Sala de lo Penal fue designada ayer para dirigir la vista y ahora sólo queda saber cuál de sus cuatro magistrados será el encargado de dirigirlo y de dictar la sentencia.
Fuentes judiciales confirmaron ayer que la designación se realizó tras un sorteo en el que también entró la Sección Cuarta, ya que son las dos únicas que no están contaminadas al no haber tenido que resolver antes ningún recurso relacionado con el caso. El siguiente paso será designar a uno de sus cuatro magistrados como ponentes y, a continuación, señalar fecha para el juicio. Según fuentes de la Sección Séptima, su secretario está fijando en la actualidad juicios para el mes de julio. Sin embargo, dada la complejidad de este caso, cuyo juicio podría durar más de un mes, y el hecho de que agosto no es hábil, la vista no se podrá celebrar hasta después del verano. Además, esta Sala tendrá que adecuar el resto de su agenda, pues esta vista retrasará la celebración de los juicios que le vayan entrando a partir de ahora.
Los magistrados que componen esta sección son Javier González, que es su presidente; Esperanza Jiménez, Juan Romeo y Eloisa Gutiérrez. Da la casualidad de que González fue el magistrado que en septiembre del año pasado rechazó que el juicio se celebrase ante un jurado popular como había decido el juez instructor del caso. El presidente de la Sección Séptima, que tenía que resolver las cuestiones previas antes de enviar el caso al jurado, resolvió entonces que el procedimiento adecuado para enjuiciar a Carcaño y a los otros tres adultos era ante un tribunal profesional. Esto obligó a que finalmente fuera el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) el que acabara pronunciándose sobre qué tipo de juicio era el más adecuado, dando la razón al magistrado.
Sin embargo, el hecho de que González se haya encargado de esta cuestión no impide que sea el encargado de presidir el juicio, ya que el magistrado no entró a valorar las cuestiones planteadas por las partes, sino que se limitó a rechazar la causa y al devolverla para que fuera convertida en sumario.
La decisión de que sea la Sección Séptima la que se encargue de oficiar el juicio se tomó ayer por sorteo. En el bombo sólo había dos opciones: la Séptima y la Cuarta, pues tanto la Sección Primera y la Tercera estaban contaminadas al haber resueltos recursos sobre el caso. Es más, la Tercera es la que el jueves dejó en libertad provisional al Cuco y es la que tendrá que resolver los recursos contra la sentencia que condena al menor a tres años de prisión por un delito de encubrimiento.
Para demostrar la imparcialidad del sorteo y garantizar que el proceso no estaba manipulado el secretario de la Oficina del Jurado, que también supervisa el reparto de los asuntos, llamó a los secretarios de las dos salas para que estuvieran presentes. Minutos antes los funcionarios de la Sección Primera -es la que se ha encargado de preparar la última fase antes de juicio- trasladaban hasta la primera planta del edificio de la Audiencia el sumario en dos carros. Allí, esperaron hasta conocer el resultado y saber si los expedientes debían ser llevados hasta la planta tercera, donde finalmente se quedaron, o hasta la cuarta.
La sentencia del Cuco. El hecho de que el juicio de los cuatro adultos implicados en el crimen no se vaya a celebrar hasta después del verano hará que prácticamente coincidan en el tiempo las dos sentencias del caso. Los recursos contra el fallo que condenó al menor por encubrimiento aún no han sido resueltos y será muy difícil que la Sección Tercera, por motivos de agenda, pueda celebrar la vista pertinente antes del verano. Si finalmente es así, ambos procesos podrían desarrollarse en fechas muy próximas.
En el juicio, Miguel Carcaño, el único implicado en el crimen que dos años y medio después aún continúa privado de libertad, se enfrentará a los más de 52 años que tanto la Fiscalía como la familia de Marta le reclaman por dos violaciones y asesinato, además de un delito contra la integridad moral y profanación de cadáver. Su hermano, Javier Delgado, se enfrenta a penas de hasta diez años de cárcel, mientras que su novia, María García, y Samuel Benítez a cinco años de prisión por encubrimiento y un delito contra la integridad moral. Además, la Fiscalía le reclama a todos ellos los más de 600.000 euros que costó al Ministerio del Interior la búsqueda del cuerpo.
