Mercasevilla, Lopera, ERE, Madeja, sindicatos, o lo que es lo mismo: Mercedes Alaya. La jueza más conocida de los últimos años parece tener en sus manos un imán para atraer las macrocausas mediáticas que están llegando al Prado. Una magistrada recta, capaz de trabajar 24 horas seguidas casi sin comer, pero a la que los excesos parecen estar pasándole facturas. Quien mucho aprieta poco abarca, se suele decir, y ella misma ha tenido que dar su brazo a torcer la semana pasada, admitiendo que la carga de trabajo excede en muchos momentos sus capacidades personales. Alaya desbordada.
Ha tardado la jueza en reconocer este extremo, pues le han hecho falta dos toques por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la instaba a contar con un juez de refuerzo para estas macrocausas. Una opción que la jueza ha rechazado y que por el momento, pese a reconocer la fatiga que sufre ante tanto papel que tiene que revisar, no ha solicitado. Dura y testaruda.
La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz no puede entender que en su juzgado estén ocurriendo cosas como que unos acusados acudan a declarar tres años y medio después de haber sido imputados. Ni el TSJA ni nadie que mantenga su sentido común alejado de la testarudez. Y eso es precisamente, lo que ocurrió la semana pasada. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 llamaba a declarar al exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, a su adjunto Daniel Ponce, y a la directora financiera Pilar Giraldo. La denuncia contra ellos se cursó en mayo de 2010, pero no ha sido hasta el pasado martes cuando han tenido la oportunidad de defenderse de los hechos que se le imputan, las irregularidades en las cuentas de la lonja.
Malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, delito societario y apropiación indebida. Esta es la ristra de delitos que Alaya les imputa y ante la que los tres decidieron acogerse a su derecho a no declarar. No dieron más explicación, salvo Mellet que le quiso dejar claro que no lo hacía porque creía que se le están vulnerando sus derechos fundamentales. Y ojo, que puede que tenga hasta razón, así que luego no nos llevemos las manos a la cabeza cuando la Justicia no dictamine aquello que la sociedad espera oír. Pues mire usted, es que resulta que por muy imputado que sea, por muy corrupto que pueda ser, resulta que tiene derechos y que uno de ellos es a poder defenderse ante las acusaciones que se viertan contra él.
No sería de extrañar que el abogado de Mellet, así como de los otros dos imputados intenten encontrar por esta vía una posible salida hacia el archivo de la causa o a una posible nulidad llegado el momento de sentarse en el banquillo. Como mínimo es muy posible que ante una hipotética condena puedan beneficiarse de una reducción de la pena por dilaciones indebidas. Por eso, ojo que luego se escucharán las protestas de que la Justicia no es justa.
Puede que producto de las críticas o puede que fruto de su toma de conciencia con la realidad, lo cierto es que la magistrada ha seguido moviendo cartas en esta causa del delito societario en Mercasevilla, imputando a tres personas y citando un testigo y peritos. No tranquilos, no los ha citado para dentro de tres años y medio, esta semana ya acudirán los peritos y para la semana de Navidad el resto. Ahora, parece que hay prisas y ya ni los mantecados y el turrón la paran.
Hasta ahora la jueza sólo ha sido capaz de desatascar una de las causas a las que hacemos referencia. Las comisiones ilegales en Mercasevilla, que ya fue incluso juzgada por un jurado popular y que sentó en el banquillo a Mellet, Ponce, al exdelegado de Empleo Antonio Rivas y la extrabajadora Regla Pereira. Era la más fácil. El origen de todo, pues a partir de ahí comenzó a tirar y tirar de un hilo que parece no tener fin.
Una muestra del deterioro que viene sufriendo la magistrada es el hecho de que no haya reclamado al Juzgado de Instrucción número 16 las causas abiertas contra nueve empresas públicas de la Junta de Andalucía, pese a que el procedimiento de financiación que se investiga es el mismo que se utilizó en los expedientes de regulación de empleo irregulares. En los pasillos de los juzgados hay quien dice que este reparto estaba pactado y hay quien cree que ha sido una jugada de la Fiscalía Anticorrupción para evitar que caiga en el juzgado de Alaya. No obstante, aún está por ver si acaba reclamando estas causas para ella, aunque sobre su mesa tiene pendiente levantar el secreto de sumario la causa abierta tras la operación Madeja y por las irregularidades en los sindicatos.
