Los puntos de encuentro familiar son un servicio prestado por la Consejería de Justicia pero gestionado por concierto con una entidad privada (en Sevilla este año se ha adjudicado a la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer). En casos de divorcio no amistoso o cuando existe una medida cautelar o condena por violencia de género, el juez establece un régimen de visitas de los hijos y también puede dictar que el intercambio de los menores se haga a través de estos puntos. En Sevilla solo hay uno, ubicado en la capital, y ya hace año y medio la Fiscalía provincial demandó la creación de otro ante el colapso y los problemas de desplazamiento que supone para quienes viven en pueblos alejados.
En su informe anual, presentado recientemente en el Parlamento, el Defensor del Menor, José Chamizo , se hace eco de esta problemática a raíz de la queja de un padre que lleva "varios meses sin ningún contacto con su hija, ni siquiera telefónico, pendiente de que se hiciera efectivo su derecho en los términos establecidos por el juzgado". Se da la circunstancia de que lleva sin ver a su hija con normalidad cuatro años (la menor tiene 8) y fue precisamente por las dificultades para mantener contacto con ella y "las repercusiones negativas" que esto tuvo en la relación paterno filial "cuyos vínculos estaban empezando a debilitarse" por lo que el juez dictaminó que el régimen de visitas se cumpliera a través del punto de encuentro familiar. Sin embargo, tras el retraso en el servicio, el padre denuncia que al contactar con la entidad gestora no le indican la fecha aproximada en la que podrá ver a su hija ni le dan "esperanzas de que la respuesta pudiera no demorarse demasiado".
Chamizo ya puso de manifiesto en 2010 la necesidad de una reglamentación específica para regular el funcionamiento de los PEF en Andalucía, como existe en otras comunidades, determinando los derechos y deberes de los usuarios, el contenido de la prestación, los medios materianes y humanos y los posibles recursos contra decisiones tomadas por los profesionales de los mismos, pero también los plazos y la ordenación de la lista de espera. El Parlamento andaluz aprobó a final de 2010 una Proposición No de Ley instando a la Junta a desarrollar ese reglamento y tanto Luis Pizarro como Francisco Menacho anunciaron su inminente aprobación durante su paso por la Consejería de Justicia.
Sin embargo, aún no se ha elaborado y Chamizo urge a hacerlo, pero también alerta de que mientras se elabora esa normativa "la administración ha de realizar un esfuerzo para reducir los tiempos de espera, asumiendo un compromiso relativo a un plazo de respuesta que solo sería superado en supuestos excepcionales". Y destaca que el caso de Sevilla resulta especialmente acuciante "a la vista del histórico de casos atendidos en la provincia, la actual lista de espera y su previsible evolución". Por ello, reclama un plan de actuación con unos "compromisos mínimos de calidad en la prestación que incluyan plazos de referencia" en los que los tiempos de espera se reduzcan al "indispensable mínimo" por los trámites burocráticos y las entrevistas personales que se realizan per sin añadir más tiempo "a una lista de espera desmesurada que vendría determinada por la dimensión insuficiente del servicio respecto del histórico de casos en su área de influencia". El de Sevilla atiende a unos 150 menores al año.
Además, reclama que al ordenar la lista de espera de los casos derivados al PEF "se tenga en cuenta, además de la fecha de recepción del caso, los antecedentes de éste, especialmente el tiempo previo que ya se acumula sin contactos entre familia y menor".
