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El Ayuntamiento aplicará sanciones de hasta 3.000 euros a los clientes de la prostitución

Se van a adoptar medidas para revocar las licencias de los clubs de alternes y de todas las salas que se dediquen a la prostitución y se va a sancionar toda tipo de publicidad sobre prostitución existente en la vía pública.

el 26 nov 2009 / 13:01 h.

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Mujeres de entre 18 y 35 años, inmigrantes sin papeles, con cargas familiares, en situación de pobreza y con un nivel educativo medio-bajo. Ése es el perfil de las mujeres que ejercen en Sevilla la prostitución, bien en centenares de clubes de alterne -principalmente en los polígonos industriales- bien en las calles de Nervión, Sevilla Este, la Carretera Amarilla o Su Eminencia. Hace ya dos años que el Ayuntamiento anunció un plan especial de medidas para "erradicar y abolir" este fenómeno, que empezó ayer a tomar forma tras aprobar y presentar el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, un plan integral que contará con un presupuesto de 500.000 euros en 2010 y que sirve sólo como punto de partida, a la espera de una ordenanza específica. Pero el plan sí detalla las líneas estratégicas de trabajo: sancionar a los clientes de la prostitución callejera y a proxenetas con multas de entre 750 y 3.000 euros; revocar las licencias de locales de alterne; vetar la publicidad vinculada a la explotación y definir una red de servicios y prestaciones sociales para reinsertar a las mujeres prostitutas.

El Ayuntamiento quiere combinar medidas sancionadoras, formativas y de reinserción social. Para las primeras habrá dos líneas básicas de actuación. Por un lado, la prostitución callejera, que se combatirá con una ordenanza específica que establecerá sanciones de entre 750 y 3.000 euros para los clientes. La graduación dependerá de si se piden servicios o se consuma el acto sexual en la calle o de la proximidad o lejanía respecto a colegios o espacios donde haya menores, según explicó la directora del área de Mujer, Victoria Ocón. Se realizará un seguimiento en los distintos barrios afectados y se aspira incluso a crear en los próximos años un grupo específico en la Policía Local para controlar este fenómeno -una propuesta que se realiza prácticamente en cada nueva ordenanza o proyecto sin que luego se llegue a ejecutar-.

En segundo lugar, se actuará contra los burdeles. Así lo recoge el propio plan: "Se revisarán e incluso revocarán las licencias de apertura de establecimientos en los que se acredite el lucro mediante la prostitución ajena como sex shops o clubes de alterne". El planteamiento, según Ocón, será revisar si las licencias se ajustan al servicio que se presta: "Si tienen permiso de bar y tienen habitaciones, podremos retirarles el permiso". La publicidad de estos locales en la vía pública estará prohibida.

La segunda línea será la formativa: campañas de sensibilización -como las ya realizadas- y cursos en los centros de Secundaria para alumnos, padres y profesores para trasladarles la concepción de la prostitución como explotación de la mujer.

Y la tercera vía será la reinserción. Como ya hicieran ayuntamientos como Madrid se crearán "unidades móviles que atiendan las necesidades de las mujeres y menores en riesgo de explotación sexual". Estarán en los barrios más afectados. A partir de ahí, se les ofrecerá alojamiento -incluso prioridad para VPO-, escuelas taller, alimentación y un programa de reinserción. A largo plazo, habrá incluso ayudas económicas. Eso sí, siempre que haya un compromiso firme por abandonar la prostitución.

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