Las contrataciones mencionadas del ICAS afectan también a servicios asociados al teatro Lope de Vega.
La delegada de Cultura, María del Mar Sánchez Estrella, ha señalado que todas las contrataciones llevadas a cabo por el ICAS están dentro de la legalidad y cumplen con todos los requisitos; la concurrencia y la transparencia están garantizadas y perfectamente documentadas. Lo único que existe es una diferencia de criterio por parte del interventor, pero por cada informe existe un contrainforme y tanto la opinión del interventor como la del ICAS son respetables y cuentan con una base legal.
Sánchez Estrella ha indicado que en ningún caso se trata de incumplimientos de la normativa vigente, sino de advertencias acerca de por qué se han hecho las cosas de una manera y no de otra, pero en todos los casos hay una explicación lógica. En la mayoría de ellos se trata de convalidaciones de facturas y de contratos menores realizados de manera provisional para mantener la prestación del servicio mientras que se tramitaba el contrato definitivo.
La delegada de Cultura ha añadido que todo esto quedó perfectamente explicado con todo lujo de detalles durante la reunión del consejo de administración del ICAS, durante la cual por cierto la representante de IU ni siquiera abrió la boca, no sé si por desconocimiento o tal vez porque prefiera crear alarma a través de comunicados en lugar de expresar sus dudas en el órgano oportuno para ello.
Por último, Sánchez Estrella ha manifestado que resulta sorprendente escuchar a IU hablar de la gestión del ICAS, parece que se le ha olvidado muy pronto que la nefasta actuación de su gobierno dejó en el ICAS un déficit de 1,7 millones de euros, mientras que ahora tenemos un remanente positivo de tesorería y se hace todo con la transparencia que antes faltaba.
