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700 familias atrapadas en una pelea burocrática

El Ayuntamiento y la Junta discrepan sobre las competencias, mientras los problemas de vivienda siguen sin solución.

el 17 feb 2014 / 17:17 h.

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Sevilla 20/01/2014 Viviendas ocupadas en Nuevo AmateFOTO: Pepo Herrera No es un número inventado. En Sevilla hay 701 familias que necesitan urgentemente una vivienda social. Una resolución del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del pasado día 19 de noviembre incluye el listado de estas personas «en proceso de intervención social y con urgente necesidad de vivienda». Cumplen todos los requisitos y, en muchos casos, llevan esperando un techo muchos meses. 339 de ellas tienen ingresos muy por debajo de los 750 euros. Viven un drama, piden una solución y y la única salida que se les da es más papeleo para acabar en una lista de espera. Y para colmo, ahora Ayuntamiento y Junta también usan este preocupante problema como arma de confrontación. El alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), inauguró ayer unas pistas de petanca en el parque Amate y allí fue abordado por dos de las mujeres que ocuparon una VPO vacía de Emvisesa en Nuevo Amate, así como por miembros de la plataforma contra los desahucios. La pregunta fue sencilla: ¿Qué tienen que hacer estas personas para lograr una vivienda social? La respuesta, no tanto: «Desde el momento en que la Junta nos digan que no hay inconveniente, serán atendidos por nosotros, aunque la responsabilidad de atenderlos sea de la Junta». «Los atenderá el Ayuntamiento, aunque no sea nuestra competencia ante el abandono al que los ha tenido sometidos la Junta». Pero lo cierto es que el Consistorio sí tiene competencias y que, como explicaron después fuentes municipales, lo que quería decir el alcalde es que los Servicios Sociales municipales tienen que cruzar sus datos con los de la Junta para obtener toda la información de esas familias y que puede que en algún caso no cuadren. Nada más. Es decir, que las administraciones tienen que compartir su información para verificar que un demandante de un piso social cumple todos los requisitos. Algo que debería ser normal y que, en ningún caso, debe bloquear o ralentizar un proceso del que depende la vida de muchas personas. «Hay que analizar las circunstancias de estas familias y no entrar en colisión con otros informes hechos desde Servicios Sociales de la Junta», aseguró Zoido tras recordar que se ha reunido «dos veces» con estas personas. Una de ellas, ayer, cinco minutos en el parque. Eso sí, en las dos ocasiones, según las mujeres, el alcalde les pidió el teléfono. Evidentemente, la Junta no tardó en replicar:la Consejería de Fomento y Vivienda expresó su «extrañeza y preocupación» por unas afirmaciones del alcalde que «revelan un profundo desconocimiento sobre el reparto competencial en la materia, a la par que una evidente intención de eludir sus responsabilidades generando confrontación institucional». Ymientras, la empresa municipal de la vivienda ni siquiera ha retirado su denuncia por usurpación contra los ocupas de las VPO vacías de Nuevo Amate. Y eso que Zoido insistió ayer en que dio la orden «y se hará». Preguntado sobre cuándo se adjudican las viviendas de la antigua Regiones Devastadas y cuándo se realojan a los vecinos de Los Pajaritos, el alcalde tampoco concretó: «Está en proceso. No es fácil, lo realiza el distrito con una política muy seria. No habrá privilegios para nadie». Evidentemente los tiempos no son los mismos para el gestor y para quien sobrevive al borde del desahucio, del corte de luz o a merced de la solidaridad de un familiar o amigo. "Me proponen que entregue a mis hijos y me vaya a un albergue" Cada uno de los casos de las familias ocupas de Nuevo Amate o de la Corrala Utopía es distinto, pero todos ellos tienen en común la necesidad y la desesperación. Ayer, Sonia Gómez (con cinco hijos, en paro desde 2011 y con 1.500 euros de ingresos cada seis meses) contaba en el parque Amate, tras pedirle al alcalde una solución, que en los Servicios Sociales sólo les dan una salida y que ésta es inaceptable: «Que entregue a mis cinco hijos y me vaya a un albergue». «¿Qué madre hace eso? Yo no, aunque me tenga que venir aquí al parque a dormir», le apostillaba Verónica Chaparro, madre de una niña de 17 meses. El caso de Sonia puede ser más complejo y delicado, pero lo cierto es que ambas están «mareadas y desesperadas». «Se pasan la pelota unos a otros. Echamos papeles en Asuntos Sociales, en Emvisesa, ésta nos remite a Urbanismo, éste al Ayuntamiento, vamos a la Junta, a Epsa...Y hay miles de pisos cerrados cuando yo y mi hija vivimos en una azotea junto al bloque vacío de Nuevo Amate», se lamenta Verónica. «Los Servicios Sociales me dicen que no somos un conjunto familiar, claro, si mi pareja y yo vivimos en casa de familiares no podemos estar empadronados en un mismo sitio. ¿Dónde nos vamos a empadronar si no tenemos vivienda? Nos plantean cosas absurdas y solo pedimos un techo, aunque sea una plaza de garaje. Tendremos que irnos a vivir a las puertas del Ayuntamiento para que nos oigan, porque mucho hablar pero seguimos sin solución», explicaba esta madre tras afirmar que la concejal delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, les dijo a finales de enero que en tres días se reunirían, «y aún nada». De las 701 familias que en Sevilla han solicitado una vivienda social cumpliendo los requisitos, 362 están inscritas en el registro general, es decir, tienen rentas inferiores a 2,5 veces el Iprem, unos 1.100 euros, mientras que otras 339 familias viven con menos de 1,5 veces el Iprem (750 euros). Pese al drama social, del 6 de julio al 8 de noviembre de 2013 sólo se adjudicaron cuatro viviendas sociales y el Ayuntamiento no concreta cuántas tiene desocupadas.

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