La Policía desaloja la Corrala Utopía. Foto: José Luis Montero
El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía prosiguen con su enroque de versiones en relación a la Corrala Utopía y su proceso de realojos. Entremedio, nueve familias ocho ya fueron realojadas siguen a la espera de dictámenes y, por ende, de vivienda. La última vuelta de tuerca la dio la Consejería de Fomenta y Vivienda, que solicitó al Ayuntamiento un informe actualizado de la situación social y habitacional de las familias de la Corrala. El balón estaba en el tejado del Consistorio, que se apresuró en devolverlo con una misiva donde, en definitiva, regresa a su argumento de partida: solo dos familias están baremadas conforme al proceso para la adjudicación de vivienda social. Una defensa que colisiona con lo expuesto con la Junta, que considera que esta carta lo único que busca es generar «confusión». Por ello, reiteran el matiz que ya aportó el martes la consejera de Salud, Igualdad yPolíticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el último Consejo de Gobierno:«Hay que diferenciar entre quien está en la lista de demandantes de vivienda social y el realojo provisional», dijo. Y así lo mantienen, tildando la carta del Consistorio como «una maniobra para intentar generar confusión» sobre el proceso de realojo.
La confrontación se retomó ayer. El Ayuntamiento contestó ayer con una misiva a los requerimientos formulados el pasado lunes por la Consejería de Fomento. En el escrito, la Delegación de Asuntos Sociales reduce de 17 a 12 las familias susceptibles de ser evaluadas.
Tres de ellas las excluye al asegurar que no figuran en el informe de la Dirección General de la Policía como desalojadas del edificio, propiedad de Ibercaja, el pasado 6 de abril. Una apreciación con la que, sin decirlo, deja entrever que se han incluido tres familias en la lista sin tener que estarlo. Al resto, los evalúa a través de las notas informativas sobre la circunstancia de necesidad social de los ocupantes del edificio de Juventudes Musicales, que se acordaron en la mesa de negociación promovida por el Defensor del Pueblo Andaluz y que partía de la información obtenida de las familias que voluntariamente acudieron a los servicios sociales municipales para dar a conocer su situación social. Ahí, la lista del Ayuntamiento se reduce a tan solo 12 familias, ya que dos no acudieron para someterse a su evaluación. Y, de ahí, el Ayuntamiento vuelve al punto de partida de que solo dos personas tienen derecho a una vivienda social, partiendo de criterios de baremación que recogen 74 ítems sobre composición de la unidad familiar, situación actual de alojamiento familiar, circunstancias personales, sociales y laborales e intervención técnica. Con todo ello, se cuantifica «la situación de vulnerabilidad de las familias destinatarias». Así, fuentes municipales insisten en que se ha hecho este análisis con la información que obraba actualmente en su poder y para responder a la urgencia que venía reclamando la Junta de Andalucía, a la par que se ofreció a actualizar y completar los informes de las familias que acrediten documentalmente su situación actual.
La actualización de datos es uno de los frentes donde choca el Ayuntamiento y la Junta. Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda recriminan al Ayuntamiento que «no haya actualizado aún los informes sociales de las 17 familias, tal y como se le solicitó por escrito el lunes». En ese sentido, le reprocha que se limite a una respuesta «incomprensible que nada tiene que ver con la solicitud cursada y que únicamente parece orientada a dilatar el proceso y a generar confusión» o «un enfrentamiento» entre familias de demandantes que esperan la adjudicación de vivienda a través de registro con «aquellas en exclusión social o con menores que pueden ser realojadas por un procedimiento de urgencia y mandato judicial».
Así, urge a la Delegación municipal de Servicios Sociales del Consistorio hispalense a que actualicen los informes de las ocho familias que han sido realojadas provisionalmente, así como de las otras nueve cuyo realojo ha quedado suspendido hasta que se realice la actualización. Un trabajo que, insisten, «requieren un trabajo social de carácter técnico, que incluye entrevistas con las familias y recopilación de datos.
