Concretamente, el presidente de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA), Carlos García, había dirigido un escrito al equipo de gobierno en el que denunciaban que los empleados de estos comercios "no se regulan por los convenios colectivos vigentes, al igual que no se encuentran dados de alta en la seguridad social e incluso vienen ocupando de forma regular a menores". También incidían en su escrito en que en estos establecimientos se "venden productos que no cumplen con las normas de homologación y garantía de la Unión Europea".
Hasta ahora, la ordenanza relativa a los bazares restringía su apertura en el centro de la ciudad, pero ahora se amplía a todo el término municipal. Con ello se pretende evitar la estrategia que vienen llevando a cabo promotores de este tipo de negocios, que al no poderse instalar en el casco antiguo han empezado a abrir sus tiendas multiprecios en casi todos los barrios del municipio y en muchos casos éstas ocupan superficies de más de 1.000 metros cuadrados.
Ocurre que los comerciantes de toda la vida achacan la caída de sus ventas a la competencia desleal de estos negocios, un recelo que se ve agudizado en el contexto de la crisis. Sus precios, muchas veces más atractivos para el cliente, y la gran disponibilidad de horarios que ofrecen dan muchas más facilidades a los ciudadanos a la hora de poder hacer sus compras.
