El caso que más llama la atención es el de una parcela de casi cinco hectáreas, cuyo dueño la ha dividido en diez de forma ilegal. Incluso las ha dotado de viarios, alumbrado, un pozo comunitario, cerramientos y varias construcciones de las que se deriva un plan de urbanización unitario. La ley lo califica como infracción urbanística de carácter muy grave.En otro punto de la zona se ha procedido en una parcela de similares dimensiones al cerramiento perimetral, así como al levantamiento de una vivienda con porches y piscina. El tercer expediente del Gallinero se debe a la instalación de una valla y una nave de chapa galvanizada.
Por su parte, en el expediente de Santa Genoveva se han observado obras ilegales de cubrición de un patio entre construcciones auxiliares así como recrecido de los muros de cerramiento, en este caso incompatible con el PGOU por no adaptarse a las medidas legales de altura y distancia que recoge la normativa.
En todos los casos se llega a la misma conclusión: se han constatado construcciones en terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente califica como suelo no urbanizable y por tanto, son ilegales. Según la normativa, los propietarios deberán devolver a los terrenos su aspecto originario, es decir, que tienen la obligación de demoler dichas construcciones. Si en su defecto fuera el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra el que las derribara lo hará con cargo económico para el dueño.
El Ayuntamiento alcalareño recuerda que debe actuar con igualdad para todos los ciudadanos, no permitiendo que haya "un grupo que sigua la ley y otro que no la acate". Además, especifica que toda actuación viene precedida de un contacto anterior y una advertencia a los dueños.
