El Ayuntamiento de El Coronil, gobernado por Jerónimo Guerrero (PSOE), prevé elevar a la Fiscalía 52 enajenaciones promovidas por el anterior regidor, José Antonio Núñez (IU), en cuanto a suelos de titularidad municipal que fueron adquiridos años atrás. Estas enajenaciones, según el actual Gobierno socialista, fueron consumadas con el informe contrario de la secretaria-interventora del Consistorio y en ellas mediaba una supuesta "falsificación" de las resoluciones de Alcaldía al objeto, siempre presuntamente, de ocultar a los compradores que las operaciones no contaban con el visto bueno de los altos funcionarios municipales.
Todo parte, según informó a Europa Press el propio Guerrero, de un informe emitido el 15 de febrero de 2005 por la secretaria interventora del Ayuntamiento sobre la segregación y operaciones de venta de 52 parcelas de titularidad municipal en Viña de los Pinos. Todas esas ventas y sus contratos fueron promovidos en ese periodo de 2005 por el Gobierno de Núñez, quien habría consumado las operaciones mediante resoluciones de Alcaldía.
El informe de la secretaria-interventora, recogido por Europa Press, alerta de que "corresponde al pleno de la Corporación" resolver sobre estas operaciones al superar la operación el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. Además, el informe alerta de que está "prohibida expresamente" la "enajenación directa" de este patrimonio.
El informe advierte también de que las operaciones de venta debían estar precedidas de la inscripción en el registro de la propiedad de los convenios urbanísticos y proyectos de reparcelación, pues "sin cumplir esos trámites, la enajenación no se ajusta a derecho y los bienes no podrán acceder al registro".
Otro de los aspectos censurados por la secretaria-interventora es la obligatoriedad de que la Consejería de Gobernación autorizase tales enajenaciones al superar la valoración de los bienes el 25% de los recursos ordinarios de la corporación. El Ayuntamiento esgrime en sus acciones judiciales documentos donde el por entonces delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Demetrio Pérez, requiere al Ayuntamiento "copia compulsada" de los expedientes administrativos de estas enajenaciones, pues "de lo contrario se carece del conocimiento de los elementos de juicio necesarios para su control".
Por último, la documentación recabada revela una posible "falsedad documental", según el alcalde, Jerónimo Guerrero. Y es que sobre las resoluciones de Alcaldía existirían "dos copias" con "diferente contenido" pero con el mismo motivo: el ocultar supuestamente a los compradores las citadas incidencias que pesaban sobre los procedimientos.
Esta documentación incluye dos textos con el encabezamiento Resolución de Alcaldía número 88/2005. Uno de ellos, con destino a Gobernación, da cuenta de la enajenación de suelos incluidos en el capítulo IV de enajenación de inversiones del presupuesto de 2004. El otro, en esos términos, recoge la incidencia advertida por la secretaria-interventora y da cuenta de la operación "pese" al informe contrario.
