La necesidad de encargar una auditoría que aclare cuánto debe el Ayuntamiento palaciego se materializó ayer en el acuerdo de los tres grupos que asistieron a la celebración del pleno municipal, el del equipo de gobierno (IP-IU) más el PP y el PA. Ninguno de los seis ediles que les ha quedado al PSOE -de los 13 con que gobernaban hasta el 22 de mayo- asistió al pleno, con la excusa de solidarizarse con los 52 trabajadores despedidos, o no renovados, como matiza el alcalde, Juan Manuel Valle.
Los asistentes que llenaron el salón municipal pensaron en cambio que el motivo era la relación de facturas impagadas a proveedores que el anterior equipo de gobierno dejó en herencia y que salieron a relucir. Aunque la relación de reclamantes continúa imparable, el gobierno local tenía contabilizados hasta ayer al menos ocho millones de euros, y aunque las cifras más importantes son las adeudadas a la Seguridad Social (tres millones de euros), o a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) (otros tres millones), en la lista aparecen cantidades significativas como los 452.000 euros que no se les pagó a la constructora del geriátrico, los 180.000 euros que se les debe a una sola farmacia del pueblo o los 23.800 euros que no se le pagó a un restaurante local por "una comilona", según denunció el nuevo regidor palaciego.
Tampoco son moco de pavo los 1,3 millones de euros que se adeuda a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, los 800.000 euros que se les debe a dos polveros locales, los 308.000 euros a una constructora por obras en varias calles, los 350.000 que espera Telefónica, los 470.000 de Endesa, los 80.000 de una empresa que reformó el cementerio o los 25.000 por los fuegos artificiales de hace cuatro años.
A estas cantidades hay que sumar en muchos casos los intereses y las costas judiciales de las numerosas empresas que ganaron sus batallas en los juzgados, además de otros montantes ni siquiera contabilizados.
Como las reclamaciones llegan a diario, Valle, que en principio era reacio a hacer una auditoría tan inmediata, como le reclamaba el PP, por ejemplo, se mostró ayer en el pleno no sólo convencido de que era "imprescindible", sino de que "si se encuentran responsabilidades penales, no nos temblará el pulso". Aunque la intención de Valle era pedir presupuestos a auditores privados para que "revisaran hasta la última factura" de los últimos cinco años, el portavoz andalucista, Pedro Amalio Moguer, recordó que la ley sólo permite que sea la Cámara de Cuentas de Andalucía la que encargue una auditoría si lo considera pertinente, como solicitó en una moción aprobada por unanimidad de los asistentes.
De igual modo se aprobó la moción del alcalde de reservar una consignación presupuestaria en el presupuesto de 2011 -que se aprobará a finales de este mes- para encargar a auditores privados un informe económico-financiero. Todos coincidieron en la poca valía de la auditoría de la Cámara porque no es seguro que la haga y porque si la hace llegará demasiado tarde y solo focalizará los dos últimos años.
En este sentido, se solicitará tal auditoría a la Cámara para que "el Fiscal actúe de oficio", como recordó el portavoz del PA, pero también se están pidiendo presupuestos a auditores privados para un informe más eficaz en la opinión pública y en la posibilidad de refinanciar deudas con los bancos, para cuyo coste servirá la consignación presupuestaria aprobada ayer.
El pleno deparó otras sorpresas como que a la hora de conceder los 912.000 euros en mano de obra y los 1,7 millones en materiales para el PER 2011, se le ha solicitado al equipo de gobierno la devolución de 180.000 euros del PER 2009 que no se justificaron; o que los almacenes municipales del antiguo palenque, de 5.000 metros cuadrados, están ya en manos privadas, que los compraron por 502.000 euros, es decir, por 100 euros el metro cuadrado urbano. Cosas de las compensaciones por más deudas.
