El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), gobernado en minoría por Juan Manuel Valle (IU-IP), sopesa promover su salida de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una institución sumida en un profundo colapso económico y destinada a la disolución. El alcalde avisa de que el "incumplimiento" de los compromisos asociados a la liquidación de la institución está generando nuevas cargas económicas para su administración local, que de su lado arrastra también serias dificultades financieras.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Utrera, gobernado por Francisco Jiménez (PA) en coalición con el PP, ha acordado abandonar la institución, mientras el Consistorio de El Coronil (Sevilla), dirigido por Jerónimo Guerrero (PSOE), ha aprobado por unanimidad una moción de Alcaldía que insta a la disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y propone además promover la salida de este organismo en el que caso de que se prolongue su extinción.
"AHORA MAS CERCA" LA SALIDA
A tal efecto, el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, ha señalado a Europa Press que ha tomado nota de las actuaciones consumadas en estos ayuntamientos. "Estamos analizando las opciones que podemos tomar. No descartamos salir de la Mancomunidad y esta alternativa está ahora más cerca que en otro momento", ha manifestado recordando los compromisos adoptados por la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), en cuanto a la disolución de la institución y la liquidación de los compromisos de pago aún pendientes por este organismo.
Y es que, según el primer edil palaciego, el "incumplimiento" de los plazos señalados para la disolución de la Mancomunidad está generando nuevas cargas financieras para su administración local, que ya sufre sus propias losas financieras.
Según el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno de Utrera, José Hurtado (PA), abandonar la Mancomunidad es un "ejercicio de responsabilidad no sólo con nuestro municipio, sino con el resto de los pueblos mancomunados y, especialmente, con los trabajadores y proveedores de la Mancomunidad, que ven cómo se alarga una situación que desde hace mucho tiempo es insostenible y se perpetua una entidad que desde hace meses no lleva a cabo ninguna de las gestiones que le fueron encomendadas en su día".
UN LASTRE PARA EL AYUNTAMIENTO
Según un informe elaborado por la Intervención municipal de Utrera, cada mes que pasa sin que se afronte la disolución de la entidad "puede suponer un coste en torno a los 40.000 euros para las arcas municipales". "No entendemos cómo desde Mancomunidad no se ha convocado el pleno que ya se anunció hace meses para disolver la entidad, cuando es evidente que ya no presta ningún servicio y la propia Comisión de Gobierno de Mancomunidad aprobó el 22 de febrero su disolución", señala Hurtado.
