Triana en Sevilla, Lavapiés en Madrid y Ciutat Vella en Barcelona. Tres ejemplos, tres escenarios urbanos de ese drama actual y silencioso que es el mobbing inmobiliario, un acoso que soportan sobre todo personas mayores con escasos recursos económicos y al que la Justicia y los ayuntamientos empiezan a plantar cara.
El problema es de tal magnitud que hasta Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda, quien tras un reciente viaje a España calificaba la situación de muy grave, según Efe.
Kothari, que además de Sevilla recorrió San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, alertaba en un informe de la "vulnerabilidad" de las víctimas (ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes) ante la falta de escrúpulos de los especuladores inmobiliarios, los asustaviejas, como son conocidos vulgarmente, y se sorprendía por la "tímida" actuación de los jueces en estos casos.
En Sevilla, la lucha a cara de perro del Ayuntamiento contra los acosadores es más efectiva desde que en 2004 se creara Otainsa, la oficina que asesora a los inquilinos que se puedan ver en situación de abuso. El delegado municipal al frente, Antonio Rodrigo Torrijos, ha aludido al abandono de las responsabilidades de los propietarios sobre los inmuebles, un clásico del mobbing: "Las condiciones de inhabitabilidad de los edificios provocan en sus moradores un estado grave de desesperanza y desasosiego" que obliga a intervenir de urgencia a Urbanismo.
Torrijos ha señalado que el primer objetivo de Otainsa, cuyos responsables se han reunido ya con inquilinos de más de 350 edificios del casco histórico, es exigir a los propietarios el cumplimiento "escrupuloso" del deber de conservación de los edificios. Si no es así, puede llegarse a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor. Actualmente, hay 25 expedientes abiertos en uno u otro sentido. Según el edil, hay que hacer compatibles los derechos de propiedad y los de arrendamiento.
