El equipo de gobierno (PP) de Tomares aclaró ayer que la medida de controlar que la gente no entre en los plenos con equipos de grabación es “habitual” en todos los municipios y se debe al hecho de que una persona haya grabado y hecho público el contenido de una sesión plenaria sin autorización.
De este modo, las mismas fuentes indicaron que la resolución de alcaldía sobre este tema parte de una petición de concejales y funcionarios en cuanto a la protección de sus derechos a la intimidad y a la propia imagen, toda vez que la medida se basa en “jurisprudencia” sentada por el Tribunal Supremo (TS) y los tribunales superiores de justicia de Valencia y Castilla y León.
Del mismo modo, las citadas fuentes negaron que dicha resolución de alcaldía implique registros a las personas del público.
