En el campo de Manuel Jiménez nunca hubo un chalé ni construcción alguna. Ni siquiera un invernadero, como apuntaron luego técnicos del Consistorio cuando, in situ, descartaron que en las tres hectáreas de viñedo que la familia posee en terrenos de La Indiana hubiese habido nunca una casa.
La concejalía de Urbanismo, que había emprendido entonces una lucha encarnizada contra las construcciones de recreo ilegales en su término municipal, achacó a Jiménez en mayo de 2004 que hubiese instalado un invernadero sobre la antigua vía pecuaria protegida desde tres años atrás. El palaciego argumentó entonces que ni lo suyo era un invernadero ni había invadido la vía pecuaria, sino que se trataba de un viñedo en uno de cuyos laterales del perímetro había instalado una valla para protegerlo de los desaprensivos que pasaban por el camino. En cuanto a la vía pecuaria, que nunca ha llegado a invadir, pidió permiso a la Consejería de Medio Ambiente y ésta se lo dio por el módico precio de 10 euros.
Aún así, el Ayuntamiento de Utrera continuó con su batalla. Los técnicos resolvieron entonces multar con 600 euros a Jiménez por haber vallado el campo a lo largo de 550 metros. El dueño de la finca volvió a protestar porque la valla sólo medía 110.
Intentó hablar con el concejal de Urbanismo, con el alcalde, con el secretario del Ayuntamiento. Y lo consiguió a medias, porque todos lo remitían a otro departamento. Incluso llegó a tener una reunión a puerta cerrada con el alcalde utrerano, Francisco Jiménez (PA), y el entonces delegado de Agricultura de la Junta en Sevilla, José Núñez, a la sazón también palaciego y conocido del agricultor. Todos le dijeron que el problema estaba resuelto y que no se preocupara. Pero la maquinaria burócrata siguió su marcha y sólo un mes después, en noviembre de 2004, recibió otro decreto de Alcaldía por el que la multa ascendía ya a la cantidad de 12.100 euros.
Después de ponerse en manos de una abogada que tiró la toalla por considerar "absurdo" el conflicto, la familia de Manuel Jiménez pidió entonces ayuda a la organización agrícola y ganadera COAG, cuyo responsable en la oficina de Los Palacios, Juan Diego Gavira, los volvió a tranquilizar con el argumento de que aquello no se había resuelto por una falta de comunicación. Gavira se reunió con técnicos de Urbanismo e incluso consiguió que reconocieran que, en efecto, la valla medía sólo 110 metros y no 550. Al parecer, no la habían medido físicamente, sino con un cálculo vectorial. En cualquier caso, los recargos y los intereses siguieron creciendo.
El responsable de COAG pidió una reunión con el alcalde utrerano en abril de 2007, cuando a la multa principal se habían sumado ya 2.492 euros en concepto de un 20% de recargo y 4.111 euros más por costas e intereses devengados y presupuestados. En total, 19.067 euros. Como la familia ni tenía dinero ni intención de pagar lo que consideraba injusto, el Ayuntamiento puso el asunto en manos de la oficina recaudadora de la Diputación de Sevilla (Opaef), que persigue desde entonces las cuentas de Jiménez para cobrar la deuda.
La mujer de Jiménez, Esperanza, tiene que acudir presurosa a su oficina bancaria cada vez que prevé un ingreso para sacarlo antes de que lo perciba la Opaef. "Paso mucha vergüenza cada vez que tengo que dar explicaciones en la cola del banco", dice. "Me gustaría que alguien me explicara en el Ayuntamiento de Utrera el delito que he cometido", se defiende su marido. El responsable de COAG, por su parte, asegura que existe "un ensañamiento con una familia de agricultores para acabar con ella". Este periódico ha intentado varias veces reclamar esa explicación por parte del Ayuntamiento utrerano, pero no lo ha conseguido.
