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El Ayuntamiento deja ahora la paralización de la torre Pelli en manos de Junta y Estado

Icomos apremia a parar el rascacielos antes de la reunión de junio de la Unesco

el 12 abr 2012 / 16:47 h.

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La estructura de la torre está al 60% y los edificios, incluso más avanzados.

El Consistorio pretende ahora endosar a la Junta y al Estado la decisión -y el millonario coste- de parar la obra de la torre Pelli. El Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP) insistió ayer en que no fueron ellos, sino los socialistas, quienes promovieron el proyecto del rascacielos en la Cartuja ni quienes dieron la licencia de obra a la torre. Reiteraron que es un "problema heredado" y que, aunque no estén de acuerdo con él, no pueden paralizarlo, porque es legal y porque hacerlo supondría tener que pagar al promotor, Cajasol-Banca Cívica, más de 200 millones de euros y las arcas municipales no tienen ese dinero. El Ayuntamiento "no puede hacer frente" a ese pago, admitió el delegado de Urbanismo Maximiliano Vílchez ayer.

Así que la estrategia del Ayuntamiento ha pasado de la amenaza directa con la paralización al desmarque. Es más, ahora le pasa la pelota a la Junta y al Estado. Ellos son, según Vílchez, los que podrían dar las soluciones y, en todo caso, el dinero para indemnizar al promotor. El alcalde se reunió esta mañana con miembros de Icomos España, el órgano asesor de la Unesco que rechaza la torre por su impacto en el paisaje urbano de Sevilla, y el regidor se comprometió a promover una reunión a cinco bandas entre Consistorio, Estado español, Junta de Andalucía, Icomos y la promotora de las obras de la Torre Pelli para buscar una solución y que no peligre la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar. Un título que, por otra parte, no está en peligro todavía. De hecho, ya se ha debatido el tema cuatro años consecutivos en la Unesco y no ha habido una resolución definitiva negativa, como la inclusión en la lista de ciudades con patrimonio en peligro. El delegado de Urbanismo, además, incidió sobre el papel de la Junta, que tiene "mucho que decir", al ser la única administración que no ha cambiado su color político respecto al momento en el que se concedió la licencia de la obra. Incluso subrayó que habrá que ver qué opina Caixabank, que ha absorbido a Cajasol-Banca Cívica.

Según Víchez, la Junta "debería haber tenido un papel relevante en la concesión de la licencia" porque es la encargada de velar por el interés paisajístico y "nunca pusieron de manifiesto el peligro que existía", por lo que "si se decide la paralización tendrán que hacer frente a sus responsabilidades", dijo el delegado asumiendo las tesis de los detractores de la torre, de la plataforma Túmbala, encabezada precisamente por el secretario general de Icomos, Víctor Fernández Salinas. El delegado de Urbanismo no se pronunció con rotundidad sobre la posibilidad de que se pueda presentar una demanda contra la Junta por no actuar para velar por el paisaje urbano de Sevilla (concepto no protegido por la Unesco) , pero dijo que "lo mismo que lo podemos llevar a los tribunales nosotros lo puede llevar cualquier ciudadano, porque es un asunto de interés general". Por su parte, el vicepresidente de Icomos España, José María García de Miguel, y Fernández Salinas le trasladaron al alcalde la necesidad de implicar tanto a la Administración central como a la Junta en una solución que evite la exclusión de Sevilla de la prestigiosa lista de ciudades con monumentos Patrimonio de la Humanidad. Incluso instaron a parar las obras del rascacielos antes de que en junio el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco tenga que tomar una decisión sobre la exclusión de Sevilla de la lista de Patrimonio de la Humanidad, algo que podría producirse o no. "Sería hacer ciencia ficción decir qué va a decidir o pasar en junio", admitió Fernández Salinas.

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