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El Ayuntamiento fija su techo de gasto en 730 millones

el 31 oct 2012 / 18:00 h.

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El Ayuntamiento de Sevilla marcó ayer el techo de gasto que no deberá traspasar en 2013 para cumplir con las exigencias económicas del Ministerio de Hacienda. El portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, señaló ayer que el límite de gasto no financiero del Consistorio hispalense para 2013 será de 729,9 millones de euros, lo que supone “un paso previo” a la aprobación de los presupuestos. Pérez no pudo aclarar en qué consiste esta limitación, salvo en dos detalles: que no se computan los gastos de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), que “es la única empresa que tiene ingresos propios”, y que esta cantidad se trasladará de inmediato al  Ministerio de Hacienda.  

De hecho, Pérez aclaró que se trata de una herramienta técnica  difícil de comparar con años precedentes, ya que tal limitación en el gasto se aplica por primera vez como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Gobierno central en abril pasado. Sin embargo, es una buena vara de medir de cara al proceso de confección de unos presupuestos que de por si se barruntan con menos dinero para inversiones que los del presente 2012. El Ayuntamiento –con todas sus empresas municipales– ha contado este año con un presupuesto consolidado de 1.045 millones, cifra que no se puede comparar con el techo de gasto aprobado por la Junta de Gobierno, ya que a esa cantidad habría que descontarle varios apartados, entre ellos los gastos procedentes de la empresa Emvisesa (172 millones) y los gastos financieros, así como las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de la corporación municipal. Una cuenta difícil de desentrañar. Otra medida que guarda cierta relación con la estabilidad presupuestaria y que pasó ayer por la Junta de Gobierno fue la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2013, que  ahora deberán ser ratificadas en el pleno del Ayuntamiento.

En un principio, aunque Pérez no ahondó al respecto, no se han acometido modificaciones al proyecto original a pesar de las críticas expresadas la semana pasada por los agentes sociales y económicos a través de un informe emitido por el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS).


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