La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, aprobó ayer la adjudicación a la empresa Clece S.A., el contrato del servicio público de ayuda a domicilio correspondiente al año 2015. De esta manera, el consistorio garantiza un servicio que atiende a 2.799 sevillanos. La empresa, que revalida la adjudicación un año más, ha realizado, según el documento oficial de su adjudicación, «la oferta económicamente más ventajosa». Así, el contrato asciende a 32.340.555 euros, IVA incluido. El mismo importe que el precio de licitación.
Del coste total de esta anualidad del servicio público de ayuda a domicilio, 24,63 millones de euros los debe abonar la Junta de Andalucía, 6,62 millones el Ayuntamiento y 1,085 millones de euros corresponden al plan concertado de prestaciones básicas del Estado y la Junta de Andalucía. El portavoz del Gobierno municipal del PP, Curro Pérez, denunció, en ese sentido, que el Gobierno andaluz tiene aún pendiente de pago del contrato de 2014, 12,13 millones de euros.
«No nos pagan por anticipado, como deberían hacerlo», enfatizó avisando de que este contrato, como el anterior, es adjudicado con las «previsiones» de financiación autonómica, previsiones que según el concejal popular debe materializar la Administración andaluza. «Nos deben 12 millones de euros del contrato anterior», se quejó.
Y es que esta es una polémica que se remonta tiempo atrás. Ya cuando el alcalde, Juan Ignacio Zoido, anunció el pasado septiembre la convocatoria del concurso adjudicado hoy, criticaba que «la Junta paga tarde y mal». Pese a estos impagos, Zoido puso en marcha el concurso para garantizar el servicio, debido a que el actual convenio con la Junta y el contrato con la adjucataria, Clece, expiraba el 31 de diciembre y tanto la plantilla como los grupos de la oposición municipal mostraron antes de verano su preocupación por que la atención a los usuarios dependientes se interrumpiera. La ley de reforma local impide su prorrogación sin más y ni la Junta y ni el Ayuntamiento habían dado ningún paso al respecto. Otra de las polémicas de la dependencia que mantienen ambas administraciones reside en que la Junta lleva dos años sin dar de alta a ningún nuevo dependiente como beneficiario de estas ayudas aunque los informes previos de los servicios sociales municipales están al día en la elaboración del Plan de Atención Individual (PIA) de las personas valoradas donde se propone qué tipo de asistencia le conviene.
