Farolas de la Avenida de la Constitución, destacadas sobre la Giralda. / Jose Manuel Cabello
Dos meses después de aprobarse los presupuestos, elAyuntamiento se enfrenta a su primera gran modificación. El pleno de mañana aprobará ampliaciones de crédito por un montante global de 2,8 millones de euros para saldar facturas atrasadas. La mayoría de ellas dos millones irían destinadas a saldar cuentas pendientes del alumbrado que corresponden a 2012 y 2013. Pero también inyectará dinero para abonar servicios de telefonía durante el periodo de transición de cara al nuevo contrato de telecomunicaciones, y que supone otra modificación de 325.000 euros.
Unas modificaciones que para el PSOE supone un «gesto más de improvisación y rigor en las cuentas», para el Gobierno local una práctica habitual que también se producía y «en mayor cuantía», en el anterior mandato y, para el Interventor, el supervisor de las cuentas, advierte que no se recurre a la fórmula del reconocimiento de crédito y más en cumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria, que es férrea en eso de gastar lo que está presupuestado cada año.
El grueso, el del alumbrado público, recoge un listado de facturas que suman un montante global de 2.017.082 euros. Corresponde a varios meses de 2012 y 2013, aunque las más antiguas datan de febrero de hace 2 años. Las facturas más voluminosas correspondían a Endesa Energía XXI, y se corresponden a abril de 2013, con 819.385 euros, y mayo de 2013, con 692.232. En el escrito que la Gerencia de Urbanismo eleva al pleno municipal, indica que se ha aprovechado el ejercicio 2014 al existir «saldo suficiente para atender dichas agrupaciones de facturas». Ante esta resolución, el Interventor reconoce que hay que resarcir al contratista por los trabajos realizados, pero no obvia que este reconocimiento extrajudicial de créditos supone «una quiebra al principio de anualidad presupuestaria». Incluso advierte que las últimas reformas legislativas, de diciembre de 2013, encaminadas a salvaguardar la estabilidad, el control de la deuda comercial y el periodo medio de pago, hace que estas actuaciones puedan acarrear infracciones. En otras palabras, lo valida para su aprobación pero con las pegas pertinentes.
Misma resolución aplicó el Interventor con la deuda pendiente en telefonía e internet de sedes municipales, aunque esta no es tanto por deuda pendiente, sino porque expiró el contrato, pero se mantuvo «para mantener la cobertura de los suministros sin interrupción» hasta el cierre del nuevo contrato.
La concejal socialista, Susana López, considera que estos reconocimientos de créditos «demuestran la falta de previsión y rigor de Zoido», que elabora, como ha mantenido en otras denuncias, «un presupuesto ficticio». Una circunstancia, según la dirigente socialista, que se agrava porque solo han pasado dos meses desde que entró en vigor el actual presupuestos. «No solo se pagan ahora dos millones de facturas por gastos del alumbrado de 2012 y 2013, sino que esa deuda no se ha tenido en cuenta al presupuestar el año 2014 y, por lo tanto, la deuda se arrastrará al próximo ejercicio», asegura López. Sobre los servicios de telefonía, denunció que «se esté facturando sin un contrato legal».
El Consistorio aclaró, por su parte, que estos pagos por el alumbrado público son habituales y se producen «todos los años». Incluso señalaron que también ha pasado en anteriores gobiernos municipales. Además, aclaran que no afecta al cumplimiento de la ley de estabilidad, pese a las advertencias del Interventor. Sobre el servicio telefónico, estas fuentes alegaron que todo se debe «a la complejidad de la adjudicación del nuevo contrato».
