El conflicto entre el sector del taxi y el Gobierno local que colapsó la ciudad el pasado viernes se tensó aún más ayer. El Ayuntamiento tenía preparada una oferta de negociación en la que abría las puertas a ceder en parte en las pretensiones de las asociaciones mayoritarias, siempre que así lo indicasen una serie de informes sobre la situación del sector que se encargarían a una entidad independiente.
Entre estas propuestas se planteaba negociar la reducción de la flota -con un modelo de rescate de licencias en el que se redujese la aportación económica municipal- y tomar medidas inmediatas contra el intrusismo como precintar de forma cautelar a coches que transporten viajeros sin permiso.
Pero la reunión no llegó a producirse. Y las asociaciones debaten hoy qué medidas de presión llevarán a cabo. El motivo ha sido un desencuentro relacionado con el protocolo de la reunión que debía presidir el alcalde, y en la que debían formar parte el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, y el delegado de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir.
Según fuentes municipales, sólo estaban citados los presidentes de las dos asociaciones mayoritarias -Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi- y el representante de los asalariados.
Sin embargo acudieron otros tres miembros de las directivas, cuyo acceso fue prohibido por la Policía Local. Ante esto, los representantes de las entidades abandonaron el Ayuntamiento en señal de protesta.
"Estaban más preocupados en la protesta que en las soluciones", resumió Fernández. El relato de los taxistas es distinto. Según ellos había un pacto con Alfonso Mir para que acudieran a la reunión cuatro representantes de cada entidad.
El problema radicó, según ellos, en que la Policía frenó a Enrique Filgueras -presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi que protagonizo un encontronazo con Francisco Fernández en la última reunión- y luego intentó realizar las reuniones por separado. "Era una tomadura de pelo, y nos fuimos", relató Fernando Morales.
Tras el fracaso de la reunión el Ayuntamiento remitió en un escrito dirigido al sector sus propuestas. Entre ellas, realizar un estudio sobre la situación de la flota que determinará si se rescatan más licencias, aunque eso sí "creando un fondo con la participación de los titulares de las licencias".
En segundo lugar, se elaborará un informe sobre la situación de los asalariados -el sector pretende reducir en 104 el número de personas que trabajan en el sector- y se abren las puertas a una nueva regulación que no suponga el despido de estas personas. Además, se precintarán de forma cautelar los vehículos que transporten viajeros sin permiso para evitar el intrusismo. Lo hará la Policía Local.
