Trabajadores del Ayuntamiento tramitando cobros de impuestos municipales.
Cuando el Ayuntamiento de Sevilla anunció una rebaja generalizada de impuestos para 2014, añadió que iba a compensar parte de esas pérdidas con la puesta en marcha de un Plan contra el Fraude Fiscal, que iba a reportar a las arcas municipales 6,4 millones de euros. Un plan que, según explicó hace unas semanas la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en una entrevista concedida a este periódico, arrojaba unos resultados iniciales que mejoraban las previsiones. Los números globales todavía no están es un paquete formado por seis acciones, pero sí se ha podido cuantificar una de las medidas, referente al cobro de embargo a contribuyentes sevillanos que tienen sus cuentas en la provincia y a las que el Ayuntamiento no podía meterle mano por la Ley de Haciendas Locales hasta hace cuatro meses, cuando firmó un convenio con el Opaef, el organismo de asistencia fiscal dependiente de la Diputación de Sevilla.
De momento, el Opaef ha procedido a la retención en cuentas bancarias de 3.557 personas físicas o jurídicas por un importe de 960.427 euros. Desde Hacienda se aclara que el ingreso de esta cantidad en la Agencia Tributaria de Sevilla se ejecutará «una vez que se culminen los plazos legalmente establecidos». En cualquier caso, se trata de un millón de euros que van a regresar a las arcas municipales, fruto de un proceso que el Consistorio calificó de «novedoso en España», indicando al respecto que sólo les consta un convenio similar en Cataluña, en relación con las multas de tráfico, entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
En el caso sevillano, el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Opaef, con una vigencia de cuatro años, consiste en que se desarrollarán las acciones necesarias para recaudar los recibos municipales que ya han pasado a la vía ejecutiva. El problema que tenía el Consistorio hispalense es que la ejecución de órdenes de embargo de sus órganos recaudatorios se había de ceñir a las cuentas situadas en sucursales bancarias de la capital. De ahí que se llegue a un acuerdo con el organismo provincial, que es el encargado de cruzar los datos con las entidades bancarias y detectar los que no estén al día de sus cuentas con el Ayuntamiento de Sevilla.
El convenio se firmó hace seis meses (el 4 de octubre) y, desde ahí, se han ido dando los pasos. El primero fue trasladar al Opaef todos los titulares en concreto, 9.697 personas o entidades de expedientes en vía ejecutiva a los que no se les ha podido realizar un embargo de cuentas bancarias en la capital. Una cifra que se incrementa a 50.000 titulares en un segundo envío en el que se incluyen otros deudores sobre los que no se han podido localizar cuentas bancarias.
De ahí se inicia el cruce de datos con un total de 33 entidades bancarias por parte de este ente de la Diputación de Sevilla. El Opaef detecta, con los datos aportados, las cuentas bancarias de 28.627 personas, por lo que la Agencia Tributaria de Sevilla procede a las órdenes de embargo. De este grupo, se procede a la retención de las cuentas de 3.557 personas, que es de donde se obtiene ese ahorro valorado en cerca de un millón de euros.
Una vez dado estos pasos, la atención al contribuyente se realiza en la Agencia Tributaria de Sevilla, al igual que las notificaciones administrativas sobre las actuaciones practicadas, así como la resolución de los correspondientes recursos y reclamaciones. Al hilo de ello, el texto del convenio contempla, para no ocasionar costes por estos trabajos al Opaef, que se retenga de las cantidades ingresadas un 5% por estos trabajos considerándose ingresos del organismo provincial. Un coste calificado de «razonable» por Hacienda, que tiene en cuenta que la vía ejecutiva imputa un 20% a las deudas sólo por recargo de apremio.
La delegada de Hacienda, Asunción Fley, ya avanzó, en la firma del convenio con el Opaef, que este procedimiento «permitirá no sólo aumentar la efectividad de la lucha contra el fraude recaudatorio», sino que propiciaría «un sistema más justo, en el que los ciudadanos de Sevilla capital sean tratados en igualdad de condiciones a los que residen en la provincia». De igual forma, se destacó como «gran ejemplo de colaboración interadministrativa en el ámbito local». El embargo de cuentas de la provincia es la única medida contra el fraude fiscal que, por ahora, se puede evaluar con cifras. Pero no es la única que anunció Asunción Fley, que en la presentación de las ordenanzas fiscales aludió una batería de medidas que, en un año, iba a reportar unos beneficios de 6,4 millones de euros. El Plan contra el Fraude Fiscal se basa en mayores inspecciones y en el cruce de datos en varios registros públicos para detectar a los defraudadores y reúne medidas concretas como un plan de regularización de usos catastrales; la simplificación de la tarifa por usos catastrales o cruces con IBI y padrón de Sevilla.
