La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha rechazado las reclamaciones presentadas por las constructoras Detea y Prodetea, que pedían al Consistorio una indemnización de 17 millones de euros por el retraso de dos años y medio en la devolución de los edificios de la antigua comisaría de la Policía Local en La Cartuja y el estado ruinoso en el que recibieron estos edificios.
El Ayuntamiento entiende que la reclamación carece de legitimidad al considerar que el Gobierno municipal cumplió el compromiso de entrega de los edificios una vez concluida y decepcionada la obra en La Ranilla, nueva sede de la Policía Local, y rechazar la reclamación por daños y perjuicios de Detea y Prodetea por el expolio sufrido en las antiguas dependencias policiales de La Cartuja.
Tras resultar adjudicataria del concurso público convocado en 2006 por la Gerencia Municipal de Urbanismo, Detea formalizó con el Ayuntamiento de Sevilla la compraventa de estos edificios en contrato suscrito el 11 de enero de 2008, por el cual la constructora andaluza debía abonar un importe total de 23,6 millones. El acuerdo estipulaba que el Ayuntamiento seguiría haciendo uso de los tres edificios durante un plazo máximo de dos años, tras los cuales debería de entregar los edificios comprados por Detea. En el supuesto de que hubiera algún retraso, el contrato contemplaba una indemnización de 13.000 euros mensuales en el caso de los edificios SC-5 y SC-4 y de 10.000 mensuales por el edificio SC-3.1.
En su demanda, Detea denunció que la entrega de los edificios, a finales de 2012, se realizó dos años y medio después de lo establecido en el contrato, que junto con los años que fueron de prórroga asciende a casi cinco años desde la adquisición, lo que le ha ocasionado un notable perjuicio, dada la situación actual del mercado inmobiliario y financiero, que imposibilita un normal desarrollo de la operación fijada en el año 2007.
Asimismo, acusó al Ayuntamiento de dejación absoluta en su compromiso de conservación de estos edificios, particularmente en el SC-4, recepcionado en estado de casi ruina, y reducido a un montón de escombros después de una inversión de casi diez millones, ya abonados por Detea.
La reclamación pretende la resolución y anulación del contrato de compraventa, con la devolución al Ayuntamiento de las parcelas y los edificios y la devolución por parte del Ayuntamiento de las cantidades recibidas. Asimismo también se pretende el cobro de los gastos e intereses abonados por Detea durante estos cinco años y el abono de los daños y perjuicios que la gestión municipal ha causado a la empresa constructora.
