La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir no tiene futuro, la única salida posible es su disolución. Una opción que requiere un proceso largo y que defiende a capa y espada su actual presidenta, la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), que asumió el cargo el pasado 2 de febrero por una cuestión de “responsabilidad”, puesto que ese mismo día, cuando se iba a constituir la asamblea, se echó atrás el que iba a ser elegido nuevo presidente de la corporación supramunicipal tras varios meses de incertidumbre, el alcalde de Las Cabezas de San Juan, Francisco Toajas (PSOE).
Y es que Fernández nada más llegar al cargo se ha llevado una desagradable sorpresa: la deuda de la entidad supera los 30 millones de euros. “Yo sabía que la situación era mala y, de hecho, lo vengo diciendo desde hace cuatro años cuando entro a formar parte de la comisión de gobierno”, admitió ayer la alcaldesa de Lebrija, pero apostilló que no pensaba que la realidad de la institución fuese tan grave.
De hecho, según explicó, la deuda puede ser aún mayor: “Estamos a la espera de que se concluya la auditoría que se está realizando para conocer realmente cuál es la situación económica”.
Trabajadores. Entre sus acreedores se encuentran los 500 trabajadores que llevan sin cobrar desde el mes de octubre, algo que, según manifestó la alcaldesa de Lebrija, le tiene muy preocupada y que quiere solucionar a la mayor brevedad posible, “porque hay verdaderos dramas familiares”. Además, la entidad tiene una deuda de más de 1,5 millones de euros de IRPF y otra superior a los cinco millones contraída con la Seguridad Social.
A este problema económico hay que añadir que a la mancomunidad le han interpuesto varios contenciosos administrativos por un importe de 10 millones de euros de empresas a las que se les debe dinero. Fernández indicó que habrá que esperar a la auditoría para conocer si este dinero o parte de él está incluido en la deuda o, por el contrario, esta cantidad hay que sumarla a los 30 millones de euros.
La losa económica de la mancomunidad es tan dramática que su deuda prácticamente triplica al valor de sus bienes, que estaban tasados en febrero de 2010, en 11,9 millones de euros.
Tales son las penurias de la entidad, compuesta por 11 municipios, siete de Sevilla -Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Utrera, Lebrija, Los Morales, El Coronil y El Cuervo– y cuatro de la provincia de Cádiz –Sanlúcar la Mayor, Trebujena, Rota y Chipiona– que sus cuentas están prácticamente a cero. Como muestra, el 19 de abril contaba con poco más de 600 euros.
Hasta esta situación, según censuró María José Fernández, se ha llegado porque no se informaba a los alcaldes de lo que estaba sucediendo, “nadie era consciente de cómo se estaba gestionando”, a pesar de que, insistió la actual presidenta de la mancomunidad, ella en los últimos cuatro años estaba alzando la voz porque tenía constancia de los problemas económicos de la corporación supramunicipal.
Por ello, la alcaldesa de Lebrija insistió, en declaraciones a El Correo, en que la única solución para la mancomunidad es su disolución: “Hasta que se haya concluido el proceso estaré adoptando medidas para afrontar la situación de la mejor manera posible y cortar esta sangría”.
