Cuando todo parecía indicar que CCM iba a ser absorbida por Unicaja, el Banco de España decidió ayer intervenir la entidad manchega alegando graves problemas de liquidez. En la práctica, la fusión se paraliza y España revive, 16 años después, el caso Banesto.
"Lo que se ha descubierto en la auditoría de Caja Castilla-La Mancha es tan sumamente grave que ninguna fusión con otra entidad solventaría sus problemas salvo que fuera el Gobierno quien abriera de par el par el grifo de las ayudas estatales, hasta agotarlas". Son fuentes financieras las que explican el porqué el Banco de España decidió ayer, con urgencia y sorpresa, intervenir la entidad conquense, que no es otra cosa que cesar fulminantemente a todos sus gestores y tomar las riendas hasta que sus cuentas y balances queden limpios y pueda volver a andar por sí sola, un periodo que se presupone no inferior a dos años.
En la práctica, tal decisión supone paralizar, al menos de momento, la absorción de CCM por Unicaja, cuyas negociaciones comenzaron hace dos meses con el beneplácito de los Ejecutivos de las dos comunidades autónomas implicadas, la manchega y la andaluza, ambas de signo político socialista.
Para argumentar su decisión, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez -quien en sus declaraciones públicas nunca ha manifestado que hubiera entidad alguna tan grave como para desencadenar una intervención-, apela a la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, aprobada hace ahora 21 años. ¿Qué dice?
En su artículo 31, esta norma habla de que cabe intervenir una entidad financiera cuando se encuentre "en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia". Pero, asimismo, y esto es importante, permite adoptar semejante decisión si hay "indicios" de esa gravedad, pero ésta "no pueda deducirse de su contabilidad".
Esta última apostilla es fundamental para entender la intervención urgente de CCM sólo varios días después de que el antiguo instituto emisor, la caja conquense y la malagueña, además de la Junta de Andalucía, conocieran los detalles de la auditoría que se encargara a la prestigiosa consultora Pricewaterhousecoopers respecto a la situación real de la caja manchega, y justo cuando todo parecía indicar que había acuerdo en las ayudas públicas que recibiría Unicaja para digerir la compleja operación de absorción. Y es clave aquel matiz porque si nos atenemos al balance de 2008 presentado por Caja Castilla-La Mancha, ésta sigue arrojando beneficios y, aunque su morosidad es de las más elevadas del sector, nada hace presuponer el agujero patrimonial que habría descubierto el organismo regulador de las finanzas.
Aunque Manuel Chaves, presidente del Gobierno andaluz, había comentado que esa fusión se haría siempre y cuando no socavara la solvencia de la entidad malagueña, el pasado martes insistía en sus bondades. Es más, fuentes consultadas por este periódico señalan el malestar tanto de Chaves como de su consejero de Economía, José Antonio Griñán, respecto a la precipitación con la que ha actuado Fernández Ordóñez, quien desde el jueves para acá habría cambiado su perspectiva respecto a la operación con Unicaja y habría dicho un no la veo.
Otro quid de la intervención es el cuándo, un domingo por la tarde, por sorpresa, factor esencial para evitar un masivo desembarco de clientes reclamando su dinero en las oficinas de la caja manchega, circunstancia ésta que, en episodios puntuales, ya padeció cuando en varios pueblos de la comunidad manchega comenzaron a aflorar los rumores sobre sus problemas.
No obstante, cabe recordar que, a partir de ahora, es el Estado el que asume la gestión de la caja y, por ende, el que deberá cargar con la fuga de depósitos, si es que se genera la alarma. No en vano, cuando, a finales de diciembre de 1993 el Banco de España intervino Banesto, entonces presidido por Mario Conde, los clientes retiraron hasta 600 millones de euros en un solo día, lo que desencadenó la llamada a la tranquilidad por parte del Gobierno dando garantías sobre el dinero.
Hasta ahora, el consejo de administración de CCM, que preside Juan Pedro Hernández Moltó, se había limitado a negar categóricamente que la caja tuviera problemas y menos el agujero (desfase patrimonial) de 3.000 millones de euros que habían apuntado varios medios de comunicación. Su principal mal, los créditos otorgados al ladrillo y, de hecho, la entidad se ha visto involucrada en todas las grandes suspensiones de pagos de inmobiliarias españolas.
repercusión. En manos del regulador, la operación con Unicaja queda, de momento, frenada. La legislación no establece plazo alguno para que CCM camine sola, únicamente estipula que esa medida "se mantendrá hasta que se supere la situación mencionada [excepcional gravedad]". En este sentido, Banesto pasó otra vez al sector privado cuatro meses después de ser intervenido, y se lo quedó el Santander en una subasta a la que concurrieron también los entonces BBV y Argentaria.
A pesar de que el viernes pasado fuentes del consejo de administración de Unicaja informaban de que las negociaciones con la CCM proseguían, el presidente de aquélla, Braulio Medel, no habría consentido la absorción tras constatar los números reales de ésta y, además, la complejidad e insuficiencia del plan de ayudas (vía Fondo de Garantía de Depósitos, participaciones preferentes, avales y venta de empresas participadas por la caja manchega).
Ayer, ni la entidad malagueña ni el Gobierno andaluz se pronunciaron al respecto. Eso sí, fuentes de la Junta destacaron que Medel gozaba de pleno respaldo por parte de la Administración autonómica.
