Hacienda estrecha aún más el cerco sobre el blanqueo de dinero y la economía sumergida. Así, la Administración Tributaria conocerá cualquier disposición, pago o cobro por encima de 3.000 euros que se haga con dinero en metálico a través de las entidades bancarias o de crédito, con el fin de mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Además, todas las entidades que presten servicios de gestión de cobros con tarjetas de crédito o débito tendrán que informar de los pagos superiores a 3.000 euros al año que reciban empresarios y profesionales a través de dichas tarjetas.
Así lo establece el Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros con el que se modifican las obligaciones tributarias y de información para "aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal".
La normativa establece que se hará un seguimiento "más ágil y eficaz" de disposiciones, pagos y cobros que se efectúen en metálico a través de entidades bancarias o de crédito cuando éstos superen los 3.000 euros.
Notarios y tarjetas. Asimismo, a partir de ahora en todas las operaciones referidas a bienes inmuebles, los notarios deberán identificar claramente las formas de pago empleadas en la transacción: dinero en metálico, transferencia, domiciliación, cheques u otros instrumentos de giro, tras la modificación del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado.
En el caso de operaciones con tarjetas superiores a 3.000 euros que ahora tendrán que comunicar las entidades, la Agencia Tributaria ya podía acceder a esta información si lo requería, pero con este nuevo decreto se sistematiza esa transferencia de datos una vez al año.
En materia de notificaciones tributarias se introduce un nuevo artículo destinado a adaptar la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con el que se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que la nueva norma pretende mejorar la lucha contra el fraude fiscal con transparencia y simplificar los trámites tributarios.
Además, se impulsan las relaciones electrónicas entre la Administración y los ciudadanos a fin de agilizarlas, y se incorporan nuevos preceptos en relación con el uso del Documento Único Electrónico (DUE).
Éste será válido para las declaraciones censales de alta de una actividad económica, eliminando la obligación de presentar la declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
