Si algo certifican los datos presentados ayer en el nuevo número del barómetro de economía urbana elaborado por Sevilla Global es que, como dijo el concejal Jon Ander Sánchez, "Sevilla no es una isla". Los indicadores socioeconómicos relativos a la capital andaluza presentan niveles similares a los del resto de Andalucía y de España: un poco mejores, pero igual de afectados por la espiral negativa en la que nos ha sumergido la crisis. Entre enero y septiembre del pasado año cayó un 8% el visado de viviendas; el desempleo aumentó en un 32,3% (el año cerró con 60.525 parados); el número de afiliados a la Seguridad Social sufrió una caída del 1,4% y se rebajó la cifra de empresas creadas en un 23%. Se podría seguir así con el resto de indicadores ligados a esta materia, pero sería abundar en lo mismo: la economía global se ha caído, y Sevilla no iba a ser una excepción. La interpretación que hizo de los datos Jon Ander Sánchez siguió el patrón establecido para estos casos, con el habitual subrayado en los esfuerzos que se hacen desde la corporación para ayudar, en la medida de sus posibilidades, a reactivar la economía. Pero, aparte de este discurso más o menos previsible, Sánchez se descolgó ayer con una acusación que merecería de mayor desarrollo. El concejal aseguró que el precio de los pisos de las viviendas no baja en Sevilla "por una estrategia de los poderes económicos, que retienen las ventas para que se mantengan como un valor refugio". Aparte de que se pueda considerar un poder económico a aquellos ciudadanos que quieren vender sus casas y aguantan los precios previstos para no malvenderlas, convendría que el delegado municipal explicara desde su responsabilidad institucional una acusación tan grave y que dijera a qué poderes económicos se refiere y cuáles son las razones que es esconden detrás de este supuesto plan. En caso contrario, su análisis no dejaría de ser una pura teoría conspirativa y poco más.
