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El barrio de Astilleros muere

Tras 60 años, las mujeres que resistían en sus casas de la Punta del Verde fueron desalojadas por el Puerto

el 27 oct 2010 / 18:21 h.

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La barriada de Punta del Verde fue construida para las familias de los retenes de emergencia de la industria naval.

No pudieron hacer nada. Las mujeres que resistían en la barriada de Astilleros han sido desahuciadas por el Puerto. El barrio de la Punta del Verde pasará a la historia en breve para dar paso a naves industriales. Carmen Caballero, Josefa Martínez, Josefa Costa y Manuela Aguilera son algunas de esas mujeres, la mayoría viudas, que han tenido que abandonar la casa en la que nacieron sus hijos y, en algunos casos, donde vieron morir a hijos y esposos. "Estamos realmente mal. Han sido unos carroñeros", se lamentan.

 

La barriada de la Punta del Verde (tan llena de vida que Astilleros tuvo que poner un autobús para llevar a los niños al colegio) nació a finales de los años 40 y principios de la siguiente década en suelos hoy adscritos a la Autoridad Portuaria para acoger a los trabajadores de un retén de emergencia para la industria naval. Allí residieron 35 familias hasta que en 2007 un liquidador contratado por Astilleros Españoles comenzó a negociar la resolución de sus contratos de alquiler de renta antigua a cambio de una indemnización que no llegó a los 60.000 euros.

En 2009, siete mujeres decidieron quedarse en sus casas "hasta el final". No obstante, el Puerto (dueño del terreno) abrió un proceso de desahucio administrativo que hizo que el pasado viernes 15 estas mujeres tuvieran que abandonar sus casas.

la despedida. "Nos mandaron una carta del juzgado que decía que si no nos íbamos nos desalojarían el día 17, es decir, que iban a mandar a la Policía. Ni siquiera esperaron a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", denuncia Emilia Pardo, hija de Josefa Martínez, quien con 74 años sólo pedía una vivienda digna para pasar el resto de su vida. "Lo ha pasado muy mal, incluso enfermó del disgusto que le causó tener que dejar su casa, sus recuerdos, su vida...", cuenta su hija con tristeza.

Manuela Aguilera es la más joven del grupo. Con 53 años y una pierna rota ha tenido que acomodarse "en el sofá de mi hija", en un piso de 30 metros cuadrados. "No sé ni dónde están mis cosas. Tuve que dejar mis muebles. Mis hijos recogieron lo más personal y ya está. Yo con la pierna así no pude hacer nada. Lo pasé muy mal", explica con la voz casi temblorosa.

La ayuda familiar que recibe, 426 euros, no le da para poder vivir y alquilar un piso, por eso reclama una vivienda digna. Además, su caso es especial, ya que está divorciada y su marido le reclama los poco más de 50.000 euros que Astilleros Españoles le pagó.

"Astilleros, por lo menos, nos ha dado ese dinero, pero el Puerto se portó fatal. Sólo recibimos amenazas y más amenazas y que nos teníamos que ir sí o sí", denuncia.

El adjetivo que empleó Jorge Mora, hijo de Josefa Costa, para calificar la actuación de la Autoridad Portuaria fue el de "carroñero". "Estábamos en negociaciones con Astilleros Españoles y el Puerto, incluso el Ayuntamiento, que hizo lo que pudo, aprobó una moción para paralizar el desahucio, pero el Puerto no atendió a nada. No tiene calificativo. Y eso que su presidente anunció que paralizaba el desalojo", dijo Mora, quien insistió en que los familiares no querían hacer negocio con la situación de estas mujeres, sino sólo asegurarse que tendrían un sitio digno para vivir.

"Tras 60 años, ahora mi madre tiene cajas repartidas por los pisos de todos mis hermanos. No tiene su espacio. No tiene sus macetas ni sus vecinas de toda la vida. Le quitaron sus recuerdos", lamenta Jorge Mora.

El testimonio de Carmen lo dice todo: "Vine con tres hijos y los demás (tiene doce) nacieron aquí. Me acuerdo cuando tenía que ir a la plaza andando, cruzando el río en una barca. También me acuerdo del día que me puse de parto y mi marido estaba de guardia en Astilleros y tuve que ir caminando de madrugada hasta la puerta para que lo avisaran".

Carmen se queja porque sus maridos, trabajadores de la empresa naval, estuvieron siempre para cualquier urgencia que surgiera en la factoría. Incluso fueron los que llevaron víveres en los botes para las zonas inundadas. Sin embargo, el trato que les dieron al final no fue correcto.

Mientras, el Puerto alega que las viviendas son ilegales desde hace 22 años, según la Ley de Puertos. Incluso su presidente, Manuel Fernández, aseguró en marzo que era "sumamente discutible" la "ética personal" de los familiares porque, según él, apoyan la solución del conflicto a través de la vía judicial pero permitían que estas personas habiten "en medio de la nada, en un lugar donde no tienen equipamientos públicos ni transportes en dos kilómetros a la redonda". "Es inmoral que alguien tenga a su madre en esas condiciones", criticó.

En contra, las afectadas aseguran que sus familiares se encargaban de que no les faltase de nada e incluso sostienen que el lugar les daba "vida". "Dos de los vecinos que se mudaron murieron a los dos meses y otros todavía volvían porque echaban de menos el poblado", apuntan casi a la vez Josefa y Carmen.

Según el Puerto, la antigua Astilleros Españoles S.A., propietaria de las viviendas, era la que debía buscar una solución "social". El pasado día 16, el BOE publicó que la Autoridad Portuaria licitaba las obras de demolición del barrio de Astilleros, una caja de recuerdos en medio de grúas y naves.

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