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El Betis aprueba su convenio de acreedores en diez minutos

Lo hace con el apoyo del 62% de la deuda ordinaria. Empezará a pagar unos 2 millones el 30 de junio de 2013.

el 23 may 2012 / 11:10 h.

Los concursales Tato y Narbona flanquean a los abogados de la Seguridad Social y Hacienda.
Diez minutos, sólo diez, le bastaron ayer al Betis para evitar su desaparición. En ese ratito de nada, el club verdiblanco vio cómo la junta de acreedores aprobaba el convenio propuesto por la entidad y los administradores concursales para satisfacer la gigantesca deuda adquirida durante años, triste herencia de un dirigente que se hartó de proclamar que no debía "ni un duro a nadie". Un duro no, pero más de 50 millones de euros sí. De ellos, los afectados por el convenio son los 39,1 correspondientes a la deuda ordinaria, que se quedan en unos 19,5 porque se les aplica la famosa quita del 50%. Y se pagarán entre 2013 y 2020 (2022 en caso de permanecer dos años en Segunda), a razón de entre 3 y 4 millones al año en un solo pago que se efectuará cada 30 de junio. Una vez se satisfagan esos pagos, el Betis empezará a abonar los créditos subordinados (2,7 millones de euros) en las mismas condiciones, así que esa parte de la deuda se reduce a menos de un millón y medio aproximadamente. La disminución del débito es brutal (unos 21 millones), pero la exigencia también es máxima: como se incumpla un plazo y cualquier acreedor lo denuncie, el club estará abocado a la liquidación. La supervivencia del Betis contó con la adhesión final del 61,94% de la deuda ordinaria (24.614.066,50 euros de un total de 39.163.554,42) y una abstención, la de Hacienda. Cuantitativamente, 62 de 63 acreedores presentes votaron a favor. El día antes, el consejero José Antonio Bosch señaló que llegarían a la junta con el OK del 56%. El incremento proviene del apoyo que brindaron ayer mismo otros seis acreedores, todos personados o representados en la sala Mallorca del hotel Al Andalus: Óscar Arredondo, antiguo jefe de los servicios jurídicos del club; Jesús Paredes, expreparador físico (que más tarde se marchó de la sala olvidándose de firmar, lo que provocó cierta alarma); Ildefonso Blanco, exfisioterapeuta; el hotel Puerta Castilla; la sociedad Plural Eventos; y la Tesorería General de la Seguridad Social. Hacienda, favorable al convenio ordinario como parte del entente alcanzado con el Betis para el convenio singular (por la deuda privilegiada especial), se abstuvo en lo referente a la deuda privilegiada general (7,1 millones). Era lo lógico: de haber votado que sí, esos créditos se habrían convertido en ordinarios y habrían estado sometidos a la quita. La asamblea fue presidida por Eduardo Gómez, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, y comenzó con una hora de retraso debido a la lentitud en el proceso de acreditaciones. Al final hubo 63 acreedores representados que aglutinaban el 61,39% de la deuda ordinaria (24.042.980,23 euros). Entre los acreedores allí presentes figuraban Hacienda, en la persona de Jacobo García Palacios, abogado del Estado; y la Seguridad Social, representada por el letrado Carlos González Iglesias. FALTÓ EL AYUNTAMIENTO. El que no acudió fue el Ayuntamiento, que junto a Hacienda es el otro gran poseedor de deuda privilegiada especial, la que no tiene quitas (180.000 euros). En total, el Betis le debe 1,3 millones. La ausencia del Consistorio no cayó precisamente bien entre los dirigentes heliopolitanos, que ahora deberán negociar otro convenio singular con los políticos. Tampoco se personó el Benfica, que pensaba acudir pero se topó con un hecho curioso: su procurador, Mauricio Gordillo, ejerce la misma función para el Betis en el concurso, así que su voto no habría sido legal. El apoyo del club lisboeta, que ya estaba acordado, habría aumentado el porcentaje de adhesiones en un par de puntos, pero el resultado final del partido no desencantó a los gestores verdiblancos. Lo importante es que el Betis da un paso imprescindible para subsistir, aunque el pago de la deuda hipoteca sus cuentas durante la próxima década. Salvo los acuerdos particulares con determinados futbolistas y el pago a los administradores concursales, el Betis destinará entre 3 y 4 millones de su presupuesto anual al cumplimiento del convenio ordinario y otros 4,1 millones al convenio singular con Hacienda (a la que ya se le dieron 2 millones el martes, justo después de firmar el acuerdo). En total, entre 7 y 8 millones al año. Tras la junta, en todo caso, el presidente del Betis era un hombre feliz. "Afrontamos un calendario de pago asumible en función de la capacidad de generación de recursos del club. A partir de ahora, el Betis cumplirá con sus obligaciones", dijo Miguel Guillén, que dio las gracias a los acreedores y "especialmente" a Manuel Domínguez Platas por el convenio con Hacienda. Por alusiones, el secretario del consejo también valoró el hito: "El plan de viabilidad es muy sólido y está bien fundamentado. Nuestros acreedores han entendido que esto era lo mejor para el Betis. Con la liquidación sabían que no cobrarían ni el 50%". DIEZ DÍAS PARA IMPUGNAR. En los diez próximos días, cualquier acreedor puede impugnar el convenio, lo que daría lugar a otro proceso judicial. Si no hay impugnaciones, el Juzgado de lo Mercantil emitirá un auto para homologar el acuerdo y será entonces cuando el Betis ya no esté en concurso. Después, los concursales aún tendrán que calificar todo el proceso: si es fortuito, no ocurrirá nada; si es culpable, los responsables de la gestión que derivó en el concurso pueden ser inhabilitados y condenados a gravosas sanciones.

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