El Betis aceptó con naturalidad la decisión de Mercedes Alaya, la jueza que instruye la denuncia contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario, de pedir a la Junta que ordene una auditoría del club. "Estamos encantados", dijo el presidente, José León. La oposición cree que la medida alargará la instrucción.
La jueza, en vista de que la Justicia no dispone de los medios suficientes para contratar una auditoría de semejante calado, quiere que la Consejería de Justicia sufrague el encargo y elija una de las cuatro empresas especializadas más importantes del ámbito. El Betis ha encajado la noticia con normalidad, la Junta la acata sin más y la oposición a Manuel Ruiz de Lopera se pregunta "si la medida es imprescindible", aunque la considera "positiva".
Por parte del club habló ayer el presidente, Pepe León. "Me parece bien. El Betis está encantado, Lopera no tiene problemas en este asunto y su conciencia está tranquila. Hacer esta auditoría es lo mejor para todos y para aclarar las dudas", afirmó el dirigente verdiblanco, quien adelantó que el Betis no pondrá "ningún problema". "Todos los papeles que nos ha pedido la jueza han sido mandados, así que no tendremos problemas en entregar lo que se nos pida", ratificó.
En cuanto a la Consejería de Justicia, fuentes de la administración indicaron que acatan el auto, aunque no lo valoran públicamente. En todo caso, en la Junta ha causado cierta extrañeza.
Para Fernando Pérez Royo, catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Sevilla, la decisión es "correcta" y razonable" porque "la Justicia no dispone de esos medios", según comentó ayer en Radio Sevilla. "Es igual que cuando pide un dictamen a un psiquiatra o a un experto en balística", comparó. Pérez Royo también reveló que el Betis "tendrá derecho a proponer una auditoría pagada por él para contrarrestar lo que diga la otra auditoría".
En cuanto a los opositores a Lopera, Por Nuestro Betis acogió la noticia con cierta inquietud: "No sé si una auditoría será imprescindible, aunque no es mala. A lo mejor con lo que aportamos nosotros y lo que hay en el juzgado de lo Penal [por la denuncia de la Agencia Tributaria] también se podía llegar a conclusiones", señaló el presidente, José Antonio Tirado, preocupado por el posible retraso en la instrucción: "Ahora puede irse hasta bien entrado 2009". Tirado también recordó que el coste de la auditoría "será pagado como costas por la parte que pierda el proceso".
