Luis Oliver y Pepe León, en una visita a la ciudad deportiva en 2010 / Kiko Hurtado
El Betis, que ejerce la acusación particular, ha pedido doce años de cárcel para el empresario Luis Oliver y los expresidentes José León y Jaime Rodríguez-Sacristán por delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales cuando asumieron el poder en el club verdiblanco después de que el primero comprase sus acciones a Manuel Ruiz de Lopera, en el verano de 2010.
Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que el club verdiblanco, en el escrito de acusación que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, imputa a Oliver un delito continuado de apropiación indebida, con una condena de seis años de prisión y multa de doce meses, aunque si se considera que el delito es de administración desleal, la pena se rebajaría a cuatro años.
No es el único delito del que está acusado Oliver. Por el otro, presunto blanqueo de capitales, el club solicita otros seis años de prisión, así como su inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante un periodo de tres años.
La solicitud de prisión no se queda en el empresario navarro, cabeza visible de la sociedad Bitton Sport, que presuntamente compró el paquete accionarial de Farusa en julio de 2010. La posterior intervención judicial suspendió la operación y dejó las acciones, el 51,34% del capital social de la SAD, en manos de un trío de administradores judiciales que luego se redujo a uno, José Antonio Bosch. Ahora es manejado por Francisco Estepa.
El caso es que los expresidentes José León y Jaime Rodríguez-Sacristán, este último vicepresidente en el inicio de la era Oliver, tampoco se libran de la acusación. El Betis pide las mismas penas de seis años de cárcel para ellos porque los considera cooperadores necesarios de un delito continuado de apropiación indebida y otros seis años en su presunta condición de cooperadores de un delito continuado de blanqueo de capitales. El periodo de inhabilitación que solicita en este caso para León y Rodríguez Sacristán es de tres años.
En cuanto a la responsabilidad civil, esta misma acusación exige que Oliver, León y Rodríguez-Sacristán indemnicen solidariamente al Real Betis con 1.153.213 euros por las cantidades presuntamente defraudadas durante el corto periodo en que se hicieron con el mando en la entidad de Heliópolis. Ese montante resulta de sumar los 843.000 euros que supuestamente se llevaron por las comisiones «ilícitas» en los traspasos de Mehmet Aurelio (354.000 euros) y Sergio García (489.000 euros), 101.000 euros satisfechos al empresario Plácido Roblas por la «utilización ilícita» de la sociedad mercantil Sport Transfer Management en el traspaso de Sergio García, 146.200 euros por el contrato suscrito con la sociedad Orión Consultoría, 35.400 euros por el contrato con Deleytax y 27.613 euros por el contrato con la sociedad Lucerna Technology.
La paradoja de esta parte de la causa es que el Betis acusa a León, que es tío de uno de los actuales consejeros del club verdiblanco, Diego García León.
Todas estas peticiones de condena se unen a las solicitadas por las plataformas de oposición, que también forman parte de la acusación. Por Nuestro Betis (PNB), Béticos por el Villamarín (BxV) y la Liga de Juristas Béticos son menos duros que el Betis, pero no mucho, ya que han pedido seis años de cárcel para Oliver por presunta apropiación indebida, otros dos años y nueve meses por blanqueo de capitales y una multa de 1,6 millones de euros.
A los expresidentes León y Rodríguez-Sacristán, al igual que el Betis, los consideran cooperadores necesarios en estos delitos, así que las tres asociaciones reclaman para ellos tres y dos años de cárcel, respectivamente, más una multa de 1.089.200 euros para León y de 1.675.219,50 euros para Rodríguez-Sacristán, que fue el último presidente antes de que la junta de accionistas de diciembre de 2010 pusiese fin a aquella etapa e instaurase el régimen judicializado en el que todavía se encuentra la entidad, tres años y medio después.
OTROS IMPLICADOS Además de los directivos, hay más personas implicadas en este caso, tres como mínimo. Para José Ángel Mayayo, José María Gálvez e Isabel Escrig, la acusación reclama seis años de cárcel por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales.
Plácido Roblas es otro de los implicados al principio. Fue exculpado, pero el Betis ha interpuesto un recurso contra el auto que lo apartó de la causa y, si es admitido, solicita seis años de prisión para él por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales.
Estas diligencias por el cobro de comisiones y por contratar a empresas del entorno de Oliver, pese a que el Betis disponía de tales servicios, están a cargo del juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y se derivan de las que mantiene abiertas la jueza titular, Mercedes Alaya, contra Manuel Ruiz de Lopera por su gestión al frente del club de Heliópolis.
