Después de ser elegido presidente en la Junta General Extraordinaria de accionistas del pasado 13 de diciembre, Rafael Gordillo deberá cumplir con urgencia con la hoja de ruta que ha diseñado el nuevo consejo de administración.
Con la economía en crisis y sin recursos atípicos para generar ingresos en un tiempo récord, una de las principales medidas será renegociar con las entidades o personas a las que el club debe dinero el aplazamiento de los balances pendientes, tal y como confirmaron a El Correo fuentes del ejecutivo.
El Elche ya ha formulado una denuncia formal por el caso Jorge Molina, un procedimiento que ya han repetido Víctor Fernández y Antonio Tapia, técnicos en el anterior ejercicio.
Interrogados por El Correo, los tres han confirmado que aceptarían un aplazamiento de la deuda, una proposición que el propio Gordillo les trasladará en las próximas horas a través de uno de sus consejeros, Guillermo Sierra, responsable del área económica. El Betis adeuda el último pagaré, cifrado en 200.000 euros, a Antonio Tapia, quien ayer confirmó a esta redacción que aceptará una reformulación exacta de las cantidades.
El técnico de Baena, que presentó su denuncia ante el Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la Federación Española, anunció ayer a El Correo que aún no ha recibido ninguna comunicación de los nuevos consejeros, aunque sí matizó que su disposición es de total colaboración para aplazar la deuda y evitar el bloqueo de los derechos federativos del Betis en la LFP y la RFEF.
"Por supuesto, estoy dispuesto a negociar y ver hasta cuándo podemos aplazar el pago", resumió. Además del último pagaré devuelto, el cordobés deberá ingresar otros dos cheques más por valor de 120.000 euros.
Tapia, que deseó suerte a Gordillo y el actual consejo en su nueva etapa, explicó que "ya negocié con Oliver y se llegó a un acuerdo por el bien de todos". "He leído en la prensa que se ha garantizado el pago a la plantilla hasta el final de temporada y que el deseo de los nuevos es negociar con los acreedores, así que yo estoy esperando a que haya movimientos para que todos salgamos ganando", espetó.
Otro de los implicados en las denuncias es el técnico aragonés Víctor Fernández, que dirigió al once de La Palmera en la campaña 09-10 y con el que la deuda asciende a 249.796,60 euros, una cifra que debe repartirse en cinco plazos a ingresar por el ex del Celta hasta el 30 de junio de 2011. El abogado encargado de gestionar los asuntos del zaragozano, Julio Beltrán, aceptará una renegociación de las actuales condiciones, tal y como desveló ayer una fuente cercana al club.
Y el último protagonista es el Elche, que ha denunciado el impago de los tres últimos cheques por el traspaso de Jorge Molina, cuyo aterrizaje en Heliópolis debe suponer a las arcas verdiblancas 1,8 millones de desembolso. El presidente del club ilicitano, José Sepulcre, avisó en una conversación con este periódico que "vamos a negociar, pero no sin garantías". "Nuestro deseo no es bloquear los derechos federativos del Betis, sino cobrar", añadió. "Es duro que nosotros nos veamos ahora sin el jugador y sin dinero", dijo.
Compás de espera
Las denuncias por impago se acumulan para el nuevo consejo. La próxima podría ser la del Córdoba, que reclama 150.000 euros por el fichaje de Salva Sevilla. El vicepresidente de la entidad blanquiverde, Antonio Prieto, confirmó a esta redacción que "no hemos denunciado porque antes preferimos hablar con los nuevos propietarios del Betis". Además, la posible venta del paquete accionarial mayoritario ha generado un plus de trabajo para los servicios jurídicos califales y la denuncia se ha lentificado.