En lo que va de año, la Junta ha autorizado poco menos de 6.000 VPO en Andalucía, mientras que en el mismo periodo de 2009 la cifra era el doble (11.320). Desde que Rosa Aguilar asumió las competencias de vivienda no se ha convocado la mesa de seguimiento del Plan Concertado. La patronal lo achaca a que los datos sobre el grado de cumplimiento son negativos.
El año pasado la comunidad aprobó el récord de proyectos de vivienda protegida (casi 24.000) y para cumplir con las previsiones del Plan Concertado -hay que llegar a las 100.000 calificaciones en 2012-, el ritmo debe ir creciendo ejercicio tras ejercicio. Desde la Junta, el secretario general de Vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, confía en poder cumplir con los objetivos fijados y destaca que en este momento hay casi 15.000 expedientes de VPO en proceso de obtener la calificación provisional -el visto bueno de la administración para empezar a construir-. Desde el 24 de julio, son los ayuntamientos los encargados de dar las autorizaciones pertinentes, una competencia que la Junta les ha transferido tras la aprobación de las leyes locales.
La consejería se agarra a que el número de proyectos suele pegar un acelerón en el último trimestre del año, como así ocurrió en 2009. Es probable que los promotores se den prisa para presentar sus propuestas antes de que acabe este año para poder beneficiarse de las ayudas estatales antes de que desaparezcan. La Junta, que ya ha dejado claro que rechaza de plano esta decisión, quiere asegurarse de que el Estado financie todos los proyectos de VPO de 2010, tanto los que ya tienen la calificación provisional como aquellos que ya la han solitado pero están en trámite.
Este será uno de los temas clave que peleará el Gobierno andaluz. Además, intentará que las ayudas a la VPO de nueva planta no se supriman para siempre, sino que se "reprogramen" en el tiempo, como ocurre con la obra pública, explicó Gómez de Celis a este periódico. Esto es, en vez de que lleguen en 2011, que se aplacen un par de años, hasta que la crisis empiece a remitir y vuelvan a engordar las arcas públicas.
Pero, aunque la Junta lo consiga, sus previsiones de VPO ya se habrán descuadrado. El secretario general de Vivienda no oculta que la polémica medida anunciada por el Ministerio "repercutirá negativamente" en la promoción de VPO. No obstante se mostró "esperanzado" en que el Ejecutivo sea flexible y matice finalmente su postura.
La Junta se reunirá el 2 de septiembre con los empresarios, sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para consensuar la posición que Andalucía llevará a la ronda bilateral con el Ministerio. El Gobierno andaluz quiere acordar con los agentes socioeconómicos y con los alcaldes los aspectos que tratará de arrancar al Ejecutivo, que decidió eliminar las ayudas sin consultarlo con las comunidades. Habrá varias oportunidades de negociación. Antes de que acabe agosto, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el andaluz, José Antonio Griñán, se reunirán para tratar este asunto y los recortes en la obra pública.
Sobre este encuentro, el líder del PP-A, Javier Arenas, esperó que "sea útil" para la comunidad, teniendo en cuenta que "hoy Andalucía pinta menos que nunca en el concierto autonómico de España". El secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, instó a Griñán a que "exija a Zapatero como si gobernara el PP". El dirigente sindical dijo que Griñán debe reivindicar mejoras para Andalucía "como lo hacía en 1996, cuando el presidente era José María Aznar".
Además de la cita al más alto nivel, a principios de septiembre, el ministerio y la consejería comenzarán a dialogar sobre el fin de las ayudas a la VPO y a mitad de mes tendrá lugar la bilateral entre la ministra, Beatriz Corredor, y la consejera, Rosa Aguilar.
