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El bloqueo del crédito lastra la ley andaluza de vivienda

La ley de vivienda que aprobó ayer la Junta -pionera en regular el derecho a un piso asequible- se estrena en un momento crítico para el sector del ladrillo. Aunque el Gobierno andaluz garantizó que la financiación pública está asegurada, el cierre del grifo del crédito a promotores y compradores empaña los objetivos de la norma.

el 16 sep 2009 / 03:21 h.

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La ley de vivienda que aprobó ayer la Junta -pionera en regular el derecho a un piso asequible- se estrena en un momento crítico para el sector del ladrillo. Aunque el Gobierno andaluz garantizó que la financiación pública está asegurada, el cierre del grifo del crédito a promotores y compradores empaña los objetivos de la norma.

Andalucía se convirtió ayer en la primera comunidad en estrenar un texto legal que regula específicamente el derecho ciudadano de acceso a un piso digno y a precio asequible, recogido en la Constitución y en el Estatuto. La Junta aprobó definitivamente la ley de vivienda -una de las promesas estrella de Chaves que se anunció para 2007- y lo ha hecho en el peor momento, en plena crisis del ladrillo. Para Juan Espadas, consejero de Vivienda, es "especialmente importante" que se dé luz verde a la norma en esta coyuntura, porque demuestra que pese a las vacas flacas no se recortan derechos sociales.

Pero la crisis puede amenazar también los objetivos ambiciosos de la norma. Espadas aseguró que no es "un canto al sol" y quiso despejar las dudas de su financiación. Se asienta en el Plan de Vivienda 2008-2012, que cuenta con una inversión prevista de 11.000 millones de euros. "Los recursos públicos están asegurados", dijo el consejero, pero sólo suponen el 33% del montante total -a través de dinero del plan estatal de vivienda y del Presupuesto andaluz-. El resto, más de 7.000 millones, dependerán de cómo fluya en los próximos años el crédito bancario. De momento, promotores y compradores denuncian que el grifo sigue cerrado.

La ley se enviará ahora al Parlamento y se prevé que se apruebe en la Cámara antes de final de año. La Junta confía en el sí de los partidos porque el anteproyecto ha logrado el visto bueno del Consejo Consultivo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias -donde se sientan todas las formaciones-, los sindicatos, empresarios y el Consejo Económico y Social. "Hemos conseguido un texto de altura", presumió Espadas. El informe inicial del Consultivo fue clave para imprimir "el blindaje de la seguridad jurídica" a la ley, que no reconoce el derecho a tener un piso en propiedad, sino a que las administraciones creen las condiciones favorables de acceso a una VPO. Si las administraciones no cumplen con ese deber, los ciudadanos podrán acudir a los tribunales vía contencioso-administrativo.

Junta y ayuntamientos estarán obligados a diseñar la oferta de vivienda protegida -a través de la elaboración de planes autonómicos y municipales de vivienda- en función de la demanda real. Las necesidades de VPO de cada pueblo o ciudad se definirán con un instrumento que constituye la piedra angular de la ley: los registros públicos de demandantes. Los consistorios con más de 5.000 habitantes tendrán que crearlos -con la financiación de la Junta- antes de fin de año y en ellos aparecerán recogidos los datos completos de los demandantes de pisos protegidos. Gracias a los registros se conocerá de manera exacta las peticiones, pero no sólo fijarán el número de solicitantes, sino que establecerán la cantidad de casas que hay que construir y sus tipologías. En dos semanas se aprobará el decreto que marcará los requisitos de estas bases de datos.

¿Quién puede apuntarse en los registros de demandantes? Los beneficiarios de la ley: familias cuyos ingresos globales no superen los 36.000 euros al año, que lleven empadronados tres años en un municipio andaluz -se podrá optar a un piso en otras dos localidades- y que no tengan una casa en propiedad. A todos ellos la norma les garantiza el acceso a una vivienda, de forma que no tengan que destinar más de un tercio de su sueldo en el caso de compra y un cuarto si se trata de un alquiler. La Junta mantiene las estimaciones del Instituto Andaluz de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y calcula que unos 300.000 andaluces -sobre todo jóvenes- necesitarán una VPO en la próxima década.

La ley se articula a través de 24 artículos que hacen especial referencia al concepto de vivienda de calidad. Los pisos que se construyan en Andalucía, tanto VPO como vivienda libre, deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia. En Europa sólo hay dos países que reconocen el derecho a la vivienda, Escocia y Francia, pero los dos se refieren exclusivamente a los colectivos en riesgo de exclusión social.

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