La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo cumplió ayer un mes desde su entrada en vigor y lejos de aplacarse la polémica que precedió a su aprobación, ésta se ha avivado todavía más. La actual Ley del Aborto permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de justificación alguna y que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno.
Las críticas no sólo proceden de los sectores más conservadores y reacios a la ley –como las asociaciones provida y la Iglesia– también llegan desde las clínicas abortivas, los grupos feministas, las comunidades y los partidos. Así, la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), presidida por el doctor Santiago Barambio, señala que la Ley del Aborto se ha aprobado “de forma apresurada” y “poco reflexionada”, lo que ha derivado en “17 interpretaciones diferentes de la ley, una por comunidad”, que “no garantizan a las españolas la equidad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”. “Existen unos textos que sirven para empezar, que son buenos, pero que en breve deberían derogarse para articular una ley completa, reflexionada con todas las partes y comunidades”, indicó.
También las Asociaciones de mujeres lamentan que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular hayan tenido un “ánimo claro de boicotear” su aplicación. Así lo afirmó a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, que señaló además que durante este primer mes se ha visto “la necesidad de hacer los ajustes a la ley para desarrollarse en las distintas comunidades”.
Aplicación desigual. Precisamente, en un primer balance, algunas comunidades autónomas destacaron estos días la “normalidad” en la aplicación de la ley, como Andalucía (PSOE), Murcia (PP), Castilla y León (PP), Asturias (PSOE) o Galicia (PP). Sin embargo, hay otras regiones que informan que se producen derivaciones de mujeres a otras comunidades, así como objeciones de médicos a los nuevos supuestos. Así, la Comunidad Valenciana (PP) ha decidido llevar a cabo una campaña informativa sobre la “trascendencia ética” del aborto que incluye, entre otras medidas, mostrar imágenes de fetos en las diferentes semanas de gestación para que las mujeres dispongan de toda la información. Navarra (UPN) va más allá y sigue sin practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la región y continúan derivando a las mujeres a otras comunidades limítrofes. En Madrid (PP) las asociaciones de mujeres lamentan las dificultades para obtener una cita para poder abortar y los retrasos provocados por el papeleo. Y, Cataluña (PSOE-ERC-ICV), por ahora, dirige a las mujeres que quieran abortar por la vía pública a las clínicas privadas, hasta que en enero los hospitales y ambulatorios estén preparados.
Pero la polémica sobre la aplicación de la Ley del Aborto no acaba en el ámbito de las comunidades. Las asociaciones provida rechazan frontalmente esta normativa y así lo han demostrado con las numerosas concentraciones que se han llevado a cabo en julio. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, expuso que desde la entrada en vigor de la ley “la sociedad está más indefensa en materia de derechos y libertades”.
