Los cambios de operador conservando el mismo número en telecomunicaciones, las denominadas portabilidades, deberán hacerse en el plazo de un día laborable, de acuerdo con el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones aprobado ayer por el Gobierno.
De esta forma, España traslada la propuesta comunitaria, incluida en el Paquete Telecom promovido por la Comisión Europea, que, entre otras cuestiones, pretende reducir la portabilidad a un solo día.
Del lado del cliente, junto a los plazos para los cambios de compañía, la ley exigirá dar más información sobre los precios de los servicios y las ofertas.
También aumentará la protección de los datos de carácter personal, por ejemplo, los que se obtienen de las etiquetas comerciales o códigos de barras y se cruzan con los de las tarjetas de crédito cuando los usuarios pagan en centros comerciales. Asimismo, el ministro añadió que se regulará el uso comercial de las cookies -programas que registran datos de la navegación en internet-.
Por otra parte, se incluye a la Agencia de Protección de Datos como reguladora para garantizar de los derechos de protección de datos de carácter personal.
Junto a estas medidas, el anteproyecto contempla que el regulador del sector, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) pueda, en caso de fallo persistente de la competencia, obligar al operador con más poder de mercado (Telefónica) a efectuar una separación funcional entre su red y sus servicios minoristas.
Asimismo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, subrayó ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma va dar un "marco jurídico de estabilidad y seguridad para los inversores".
En un comunicado, Industria añadió que este marco será "más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación", que permitirán ofrecer a los ciudadanos velocidades de acceso a internet superiores a 100 megas por segundo. Añadió que la CMT, a la hora de imponer obligaciones y condiciones de acceso a las redes, deberá tener en cuenta el riesgo inversor de los operadores y promoverá un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico.
Sebastián apuntó que el desarrollo de las redes de nueva generación en España movilizará hasta 25.000 millones de inversión en un sector que factura 40.000 millones anuales y da empleo directo a 80.000 personas.
En cuanto a la configuración y el funcionamiento de la CMT, además de esa capacidad de separar funciones de los operadores dominantes, el anteproyecto añade que se adaptará a lo que se apruebe en la Ley de Economía Sostenible y que participará en el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (Orece), encargado de lograr una aplicación más armonizada de la norma europea.
Se trata de una ley "con fuerte contenido económico de futuro" y que incide en los derechos del usuario, resumió Sebastián.
El anteproyecto de ley, que incorpora al ordenamiento jurídico interno las directivas europeas, pasará ahora por los diferentes órganos consultivos y su aprobación se podrá prolongar hasta marzo o abril del próximo año.
El Plan Industrial movilizará casi 83.000 millones
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020), una iniciativa que contempla 124 actuaciones de diez ministerios en 26 ámbitos relevantes para el sector y con un impacto económico estimado de 82.842 millones de euros en el horizonte 2011-2015.
Este impacto se refiere al esfuerzo financiero de la Administración del Estado -programas con reflejo en los Presupuestos Generales del Estado-, así como a beneficios fiscales que constituyen ingresos que dejan de percibirse, líneas de crédito de entes públicos como el ICO, o los avales del Tesoro y de otros entes públicos.
Según Industria, estas previsiones económicas "son consistentes con el compromiso de reducción de déficit adquirido por el Gobierno ante la UE" y con este plan, basado en la mejora de la competitividad, el sector industrial recuperará su protagonismo como motor de crecimiento y de creación de empleo.
El plan, que se enmarca en la Estrategia de Economía Sostenible del Gobierno, persigue que la industria eleve su peso en el PIB del 15% al 18%, en línea con las principales economías europeas, explicó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que subrayó que se ha demostrado que las regiones más industrializadas han sufrido menos la crisis.
Sebastián destacó que el plan servirá de guía al sector público, así como para que el sector privado, tanto doméstico como internacional, apueste por la industria en España.
La iniciativa identifica como sectores "estratégicos" los de automoción, aeroespacial, biotecnología, tecnologías de la información, sanitarias y farmacéuticas, protección medioambiental, energías renovables, eficiencia energética y la agroalimentación.
