El Parlamento Europeo tomará esta semana una decisión que marcará al campo andaluz y español aunque no precisamente por sus consecuencias positivas. La Eurocámara tiene previsto votar la ratificación del acuerdo agrícola con Marruecos negociado entre Bruselas y Rabat y, a pesar de que bloqueó la prórroga del pacto pesquero para faenar en aguas marroquíes por su escaso beneficio sobre el Sáhara occidental , en esta ocasión los intereses de algunos socios pesan más que los perjuicios que puedan provocar sobre otros. Y en este caso es España la más perjudicada.
A finales de enero, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) votó a favor del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de frutas y hortalizas de ese país.
Tanto el Gobierno español como la Administración autonómica y las organizaciones agrarias critican el pacto porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes de entrada de productos del convenio en vigor y tampoco se cuentan con las garantías suficientes para su cumplimiento.
Y es que, a día de hoy, se quejan de que no hay control de fronteras y las exigencias de seguridad alimentaria no son las mismas para los productos procedentes del Norte de África que para los que envía cualquier otro país europeo.
La organización agraria COAG Andalucía ya ha avisado de que se concentrará de forma permanente a partir de mañana ante el edificio de la UE en Madrid, coincidiendo con las jornadas en las que el Parlamento Europeo se pronunciará sobre este acuerdo.
La fecha prevista de la votación es el próximo jueves 16 y supondría un fuerte varapalo a los intereses del campo andaluz. La organización que dirige Miguel López considera que es "inadmisible" que se permita un acceso "ilimitado" a productos "que suplantan a los españoles" y que ponen en jaque a los sectores de frutas y hortalizas, que generan la mitad del empleo agrario en España. Solo en el caso de un aumento del contingente de tomate conllevaría una pérdida de 350.000 jornales en nuestro país. En el caso de Andalucía, recuerda COAG, la situación se agravaría además con la liberalización del aceite, lo que deja en el aire el 90% del empleo agrario. "Hemos cedido tanta soberanía a Europa que ésta sella en nuestro nombre acuerdos que nos dañan de manera muy importante", asevera Miguel López.
La Junta de Andalucía, a través de su consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha tildado el acuerdo de "inmoral", puesto que no beneficia a los agricultores regionales pero tampoco a los marroquíes.
Por ello, el Gobierno regional es contrario a que se firmen acuerdos de asociación que incidan contra producciones territoriales, sin que se articulen medidas de apoyo a los sectores afectados, y pide que se garantice la reciprocidad en las importaciones de Marruecos, es decir que se le exijan los mismos requisitos que a las producciones europeas, y el correcto funcionamiento de los mecanismos de control que aseguren contingentes, precios y calendarios.
Lo que parece claro es que países como Francia y Alemania, entre otros, no han puesto el mismo empeño en el pacto pesquero que afectaba a España y algo menos a Italia y Portugal, pero sí les resulta jugoso tener acceso al mercado marroquí, aunque sea a costa de España.