El anuncio del Ministerio del Interior del inicio de los trabajos de reforma del Reglamento General de Circulación ha puesto en jaque la configuración de la ordenanza de peatones y ciclistas que rige la ciudad. Y lo ha hecho fundamentalmente porque pretende limitar la circulación de las bicicletas por las aceras y obligar al uso de casco también en las vías urbanas . Con este escenario, parece claro que Sevilla tendrá que plantear una reforma considerable de la norma actual, que obvia ambos aspectos, para adaptarla a los nuevos requerimientos estatales. De momento, y mientras estas nuevas medidas acaban por convertirse en definitivas, el proyecto se ha topado con el rechazo de las asociaciones de ciclistas de la ciudad y ha generado dudas entre los principales partidos de la oposición.Aunque el Ministerio aseguró que de momento "no hay nada cerrado", la nueva normativa choca frontalmente con algunos de los artículos que rigen la ordenanza actual que configura el modelo de la bicicleta en Sevilla.
El alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha mostrado estos días su voluntad de "adaptar" este reglamento a la regulación ciclista que prepara el Gobierno, pero poco más. Desde el Ayuntamiento no se ha acertado a concretar hasta qué punto este reglamento supondrá una modificación de calado en la cultura de la bicicleta que ha configurado Sevilla en la última década. Sólo se ha atrevido a solicitar al Estado cierta "autonomía" para que "dentro de cada ciudad se puedan dictar determinadas normas para la aplicación y uso de la norma general". El nuevo reglamento se articula sobre dos pilares básicos. El primero de ellos afectará a la circulación de las bicicletas por el acerado, una práctica que sí recoge la ordenanza hispalense, aunque con algunas limitaciones. El segundo de los argumentos es el que, sin duda, ha generado una mayor controversia entre los distintos sectores vinculados al mundo de la bicicleta.
Hasta el momento, el uso del casco en los ciclistas quedaba limitado a su tránsito por las vías interurbanas, aunque si la nueva propuesta del Gobierno central llega a materializarse, éste se hará obligatorio también en aquellos desplazamientos que se produzcan en el interior de las ciudades. Ahí comienza el verdadero conflicto.
Para Interior la generalización del uso del casco no deja de ser una medida que se aplica "por su propia seguridad, por su propia integridad". Una idea que no comparten desde las asociaciones ciclistas. En este mismo sentido, el Gobierno central considera que no deben existir diferencias entre los distintos tipos de vías en las que circulen los ciclistas pues, según indicaron, "el mismo riesgo para su integridad existe para el ciclista cuando está conduciendo en ciudad que cuando está conduciendo en vías interurbanas". Medidas que según los plazos que se marcan desde el Gobierno deberán estar aprobadas para final del año en curso, de cara a que su entrada en vigor se produzca en 2013.
Comparándolas con la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas que elaborara la anterior corporación municipal, las diferencias son manifiestas. La norma actual permite el tránsito de bicicletas en aquellas zonas peatonales y aceras de más de cinco metros de anchura, en los que al menos tres de ellos estén expeditos y no exista carril bici señalizado. Una medida de gracia que con el proyecto estatal deberá desaparecer. De hecho, ya existen algunas vías peatonales en el centro de la ciudad en las que durante el horario comercial está limitado completamente la circulación de bicicletas, tal y como lo reconoce la propia ordenanza.
Algunas señalizadas, como Sierpes o Tetuán, y otras no indicadas como Puente y Pellón. En todas se vulnera la normativa ante la ausencia de efectivos policiales que regulen esta circulación.
Con respecto al uso del casco en las vías ciclistas, la ordenanza municipal no recoge ningún detalle. De momento, su uso sólo es obligatorio en vías interurbanas, configurándose como optativo dentro de las ciudades. En caso de tener que modificar definitivamente este aspecto, son varias las dudas que se plantean con respecto al modelo ciclista hispalense. Servicios como el del alquiler municipal de bicicletas deberán articular una fórmula para facilitar a sus usuarios el casco obligatorio para circular por la ciudad. Un proyecto que, de momento, se intuye difícil de articular según está configurado actualmente el servicio de alquiler.
Precisamente, una de las principales quejas manifestadas por la asociación de ciclistas A Contramano se centra en este aspecto. Su portavoz, Ricardo Marqués, considera que este hecho provocará "el colapso de los sistemas de bicicletas públicas", limitando "el éxito" que está teniendo, no sólo en Sevilla, sino en muchas otras ciudades. Pero su rechazo no queda ahí. Consideran que la obligatoriedad del uso del casco en vías urbanas producirá "una drástica disminución del número de ciclistas en las ciudades". E incluso que el casco no será sinónimo de un aumento en la seguridad de este medio de transporte. Desde su perspectiva, "la mejor garantía, no sólo para los ciclistas sino del tráfico en general, es aumentar el número de ellos en la vía pública, mediante políticas adecuadas de fomento" y no a través de la generalización del uso del casco.
Mientras se consuma la nueva reglamentación -presumiblemente estará aprobada para finales de este año- las perspectivas se centran en el debate político que se abrirá a partir de ahora sobre el futuro modelo de la bicicleta en la ciudad. El Ayuntamiento ya ha dejado claro que "acatará" lo que dictamine el Gobierno central y la oposición espera que esta revisión de la ordenanza les permite añadir nuevas normas que favorezcan el uso de este medio de transporte sostenible. Pase lo que pase, la cultura ciclista de la Sevilla de las personas dejará de ser lo que fue.
