El caso Asfi: crónica de unas irregularidades más que anunciadas

La empresa eludió la medida de control municipal y presentó un aval a la Junta.

el 23 feb 2013 / 20:38 h.

A día de hoy, el mayor problema al que se enfrentan tanto el Ayuntamiento de Dos Hermanas como la Junta de Andalucía es la situación de la promotora de la manzana BPO-6, en Entrenúcleos norte, una edificación de 379 viviendas que promueve Residencial Entrenúcleos SL, enclavada dentro del Grupo Asfi .

Un cúmulo de hechos irregulares sitúan en la actualidad al director general de Asfi, Iñaki Gil de San Sebastián, en la cárcel por un supuesto delito de apropiación indebida en Navarra; a unos afectados, de los que más de 40 han presentado una denuncia ya admitida en los juzgados contra la promotora para que les devuelva una media de 10.000 euros por persona; a otros afectados -unos 150- que han aceptado la oferta del Consistorio para que les represente en la demanda y que buscan también recuperar su dinero. A esto se une la denuncia del Ayuntamiento que no sólo reclama ese dinero sino también que los terrenos reviertan en éste, el PP local ha llevado la situación a la Fiscalía, la Junta le ha abierto un expediente sancionado r y, por si faltara poco, supuestamente, un juzgado de Navarra ha embargado la parcela, algo que el Ayuntamiento, por ahora, afirma desconocer.

La concejal de Vivienda y Fomento, Carmen Gil, reconoce que tanto Asfi como la promotora de la parcela BP-3, de Las Portadas, fueron las dos únicas que no se ajustaron a la medida de control establecida para dar seguridad a la señal entregada por los adjudicatarios -la necesidad de la firma de un funcionario municipal para mover las cuentas-. "Ellos presentaron un aval colectivo, por lo que no hacía falta la firma, de la compañía Millennium. Es el que ellos presentan a la Junta para que les autorice a firmar contratos y a recibir cantidades a cuenta siguiendo el sistema de control que establece la normativa andaluza. El Ayuntamiento no interviene en nada", explica la edil.

Lo que sí ha hecho es ofrecer a los afectados asistencia jurídica gratuita "y si en septiembre de 2014 no se ha resuelto la vía judicial el Ayuntamiento se compromete a abonar las cantidades, previa renuncia de sus derechos, e iríamos nosotros contra la empresa para reponer el dinero a las arcas municipales", señala Gil.

En este sentido, la concejal de IU Lola Palacios, acusa a la Junta de "omisión del deber de vigilancia. Con que hubieran hablado con Millennium hubieran visto que el aval era falso. Además, el Ayuntamiento no entregó los contratos a la Junta con lo que ésta dio la autorización sin tener toda la documentación y sin comprobarlo, porque Asfi no pagó ni una sola cuota del seguro". "Desde un principio se sabía que iba a haber problemas con las dos que no tenían las cuentas bloqueadas", concluyó.

El presidente de la asociación de afectados, Félix Ballester, por su parte, afirmó que "si el Ayuntamiento hubiera obrado de manera correcta, no se habría llegado hasta aquí". Y es que, recuerda, en agosto de 2011 "ya se habló de que el banco había devuelto los pagarés de esta empresa porque no había dinero. Además la Junta podría haber llamado a la aseguradora y hubieran visto que el aval era un montaje de esta gente". Ballester espera que el Consistorio pague antes de 2014, tal como le ha instado el Parlamento andaluz.

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