Rocío Velis / Isabel Morillo El cerco indisimulado que la jueza Mercedes Alaya y los investigadores han puesto sobre el que fuera consejero de Empleo desde 2000 a 2004, José Antonio Viera, hoy diputado del PSOE en el Congreso, se estrecha. La Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer a la magistrada que pida a la Guardia Civil un «calendario previsible» para la entrega de los informes que quedan pendientes de recibir en el juzgado. Entre ellos está uno de los más jugosos de este caso, los que analizan las ayudas repartidas en la Sierra Norte de Sevilla, una comarca señalada como el epicentro del fraude de los ERE. Aquí viven unos 30.000 habitantes y se repartieron 30 de los 73 millones de euros entregados en forma de ayudas directas a empresas en crisis. Cuatro de cada diez euros repartidos en ayudas en Andalucía se entregaron en la cuna política del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, donde también tiene lazos Viera, que fue secretario general del PSOE de Sevilla y tuvo en este área una de sus principales fuentes de poder e influencia política.
La Fiscalía Anticorrupción vuelve a apremiar a la jueza Alaya, le pide que requiera a la Guardia Civil que aporte la documentación que falta las investigaciones se abrieron hace ya tres años «a la mayor brevedad posible». La advertencia podría ser una más de las que llegan al juzgado número 6, pero en esta ocasión, y a pesar de que la Fiscalía no se refiere en ningún momento a esto explícitamente en su escrito, está en juego el papel que pudo desempeñar el exconsejero.
La Guardia Civil ha señalado ya a Viera, en informes anteriores, como «el máximo responsable de la concentración de las ayudas en la Sierra Norte de Sevilla» y con anterioridad había destacado que jugó «un papel esencial» en la supuesta trama fraudulenta que desvió durante una década fondos públicos de la Consejería de Empleo.
En los círculos políticos y judiciales hay preocupación por lo que pueda ocurrir con Viera. En el entorno del propio exconsejero se baraja la posibilidad de que, en caso de que no se le impute y juzgue de manera inmediata, su caso podría prescribir. Esto no está nada claro. Viera como diputado nacional es aforado y por lo tanto si, por fin, la jueza Alaya decide imputarlo debería de inhibirse y desviar su caso al Supremo. Algo que no tiene visos, de momento, de que vaya a ocurrir.
Sobre Viera solo hay apuntes de la Guardia Civil y no se sabe de qué podría estar imputado. Si es por prevaricación, efectivamente fuentes cercanas al caso admiten que el delito podría prescribir a los diez años, lo que se cumple el próximo abril, cuando Viera dejó de ser consejero del Gobierno andaluz, señalan. En caso de que finalmente resultara imputado por otros delitos, la vigencia de los mismos estaría aún por ver. En cualquier caso, quienes defienden la labor la instructora aseguran que no hay ningún peligro de que los posibles delitos cometidos por Viera prescriban y aseguran que la jueza lo tiene todo bien atado.
La situación del diputado socialista es incomprensible solo por comparación. Ya hay muchas voces entre ellos el consejero de Justicia, Emilio De Llera que han puesto el acento en el hecho de que el sucesor de Viera al frente de la Consejería de Empleo, Antonio Fernández, haya pasado por la cárcel, mientras que Viera aún ni siquiera ha sido imputado. Fueron Viera y Fernández, como consejero y viceconsejero, quienes firmaron en 2001 el convenio que ideó el mecanismo para que las ayudas sociolaborales salieran de la Consejería de Empleo y pasaran a manos de una empresa pública (primero el IFA y después la Agencia Idea), sorteando así los controles de la Intervención. Aunque los responsables han alegado que idearon para agilizar los trámites, la jueza está convencida, y así lo expresa en cada uno de sus autos, de que fue un sistema «ilegal» pensado desde su origen para prevaricar por el que se repartieron al margen de la ley más de 850 millones de euros.
Alaya ha invitado a declarar en su juzgado a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, «en calidad de imputados» en los ERE y ha señalado a cinco exconsejeros, Viera entre ellos.
Curiosamente no es la Justicia la que ha puesto en el peor brete a Viera, sino la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento sobre el caso EREy cuyas conclusiones finalmente fueron truncadas por los votos de PSOE y PP. IU, que dirigió aquella comisión, apuntó la responsabilidad política de Viera en el presunto fraude millonario. Lo señaló, junto a Fernández, como «muñidor» y «autor intelectual» de la supuesta trama. Unas acusaciones que finalmente los socialistas se negaron a asumir. Entonces, preguntado sobre si iba a dejar su escaño en el Congreso, Viera dejó claro que no. Tampoco el PSOE ha pedido nunca públicamente que el exconsejero de Empleo y expope del PSOE sevillano se retire. Fuera de micrófono sí hay líderes que hubieran preferido que Viera saliera del Congreso para borrar así eslabones con uno de los mayores casos de corrupción en España. Públicamente todos los socialistas, incluido el afectado, defienden que sobre el exconsejero no hay acusación firme ni imputación que deba forzar que deje su escaño.
Los informes pendientes de la Guardia Civil pueden ser determinantes. Si señalan directamente a Viera en las irregularidades en la Sierra Norte, la jueza Alaya no tendría más remedio que entregar parte del sumario al Supremo. Si no, el exconsejero de Empleo seguirá mirando como espectador desde su escaño en el Congreso, blindado hasta 2015.
