Será el 31 de diciembre de 2010 y no de 2012, como estaba previsto, cuando la empresa Fertiberia deba cesar sus vertidos de fosfoyesos a la ría de Huelva. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que en 2007 consideró caducada la concesión a la empresa, y que ahora exige también un aval de 21,9 millones que garantice la recuperación de la zona. La dirección de la compañía ya ha anunciado que recurrirá y confió en que el Ministerio de Medio Ambiente se sume a esta postura ante el auto judicial, ya que "éste se excede incluso a las peticiones de la Administración".
En el auto se indica que en ejecución de la sentencia procede acordar entre otras medidas, el adelanto de dos años del cese definitivo de los vertidos, teniendo en cuenta "el conjunto de intereses en conflicto de forma que se permita una transición ordenada y la protección medioambiental exigible". Además, el tribunal considera que la empresa "ha tenido un espacio de tiempo dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación". También le exige a Fertiberia la prohibición de apertura de nuevas balsas y el inicio "inmediato" de la regeneración ambiental de los terrenos, que deberá de adecuarse a los estudios científicos que se están desarrollando por encargo de la administración y de los que "deberá ir dando cuenta semestralmente para el conocimiento de las partes". Fue la Abogacía del Estado la que solicitó la ejecución provisional de la sentencia, recurrida en casación por Fertiberia, para lo que se propone un programa de desmantelamiento y recuperación de la zona afectada.
La noticia de este adelanto ha caído como un "mazazo" a la plantilla, según indicó ayer el secretario general de la sección de UGT en Fertiberia, Gregorio Falero. El auto, dijo, "es legal pero injusto" porque "no beneficia ni a los trabajadores, ni a la empresa" debido a que mediante el plan global se establecía "un cese ordenado de la actividad" y ahora con la aceleración del proceso "se podría incluso asfixiar a la empresa". En este sentido, explicó que en el acuerdo global se incluían "los intereses de los trabajadores, de la empresa, de los ecologistas y del Ministerio de Medio Ambiente", por lo que lamentó que "el auto no tenga en cuenta el consenso alcanzado". Falero destacó también que "la empresa necesita adaptarse a la producción sin ácido fosfórico", por lo que el auto de la Audiencia Nacional es "asumible" en el resto de condiciones, pero quiso dejar claro que "ese adelanto es todo un mazazo por lo que es probable que la empresa presente un recurso de súplica".
En los mismos términos se pronunció la portavoz y secretaria de Política Institucional del PSOE de Huelva, María José Rodríguez, quien tildó el adelanto como "un elemento de presión innecesaria" al proceso. En este sentido, la dirigente socialista explicó que "el adelanto del cese será un problema para la empresa y los trabajadores", por lo que hizo un llamamiento a la plantilla para que "mantenga la calma".
Quien sí mostró su apoyo a esta medida fue la organización ecologista WWF España, que calificó el auto de la Audiencia Nacional como "positivo" ya que "recoge todas" sus peticiones y tiene en cuenta el principio de "quien contamina, paga".
