El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió ayer al juez Baltasar Garzón la autorización para trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda), para ocupar durante los próximos siete meses un puesto de consultor externo de la Fiscalía. La decisión fue adoptada por tres votos a dos por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que sin embargo no accedió a declarar a Garzón en situación de servicios especiales ya que consideró que esta condición es incompatible con su suspensión cautelar, acordada el pasado viernes por el pleno del órgano rector de los jueces.
Concretamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 348 que "los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones" y la comisión ha entendido que no se puede estar en dos de ellas a la vez.
Así, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que informó a los medios de comunicación de la resolución adoptada por la Comisión Permanente, eludió responder a la pregunta de si la marcha de Garzón a La Haya, una vez denegada la situación de servicios especiales, implicará la pérdida de su destino en la Audiencia Nacional. Bravo se limitó a leer el acuerdo de la comisión, que señala que "de conformidad" con el informe del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez -partidario de dejar marchar a Garzón a La Haya, pero no en situación de servicios especiales-, se le autoriza a trabajar en la Corte Penal como consultor externo de la Fiscalía de este órgano.
El acuerdo dispone textualmente "participar" a Garzón, así como a la Fiscalía de la Corte, "que desde el punto de vista orgánico no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y, en consecuencia, la Comisión Permanente permite tal contratación". Además del informe del secretario general del CGPJ, la Comisión Permanente tenía sobre la mesa otros cuatro escritos, en los que la propia Fiscalía de la Corte, la Fiscalía General del Estado, la sala de lo penal del Tribunal Supremo -que será la encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Asuntos Exteriores se mostraron favorables al traslado del juez a La Haya.
El acuerdo de la comisión cuenta con los votos particulares de la vocal progresista Almudena Lastra -que entiende que debía haberse declarado al juez en situación de servicios especiales, tal y como éste había solicitado- y del conservador Antonio Dorado. Este último sostiene que, puesto que la comisión ha rechazado declararle en servicios especiales, la comisión no debía haberse pronunciado sobre el traslado a La Haya hasta que el propio Garzón hiciera una nueva solicitud.
El juez solicitó la autorización del CGPJ para trabajar en la CPI el pasado día 11, después de que el fiscal jefe de ese tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo, le ofreciera un puesto de consultor externo por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos. Ayer, desde París, aseguró que no se siente perseguido pero que, si fuera el caso, quien lo estuviera haciendo "tendría que dar explicaciones". "Respeto la acción de la justicia y en mi conciencia está muy lejos la idea de haber cometido una acción ilícita", recordó el juez Garzón.
