El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites para decidir si suspende cautelarmente de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo, preguntando al fiscal sobre la procedencia de esta medida.
La decisión del CGPJ, adoptada por unanimidad por su Comisión Permanente, se produce después de que el Alto Tribunal haya rechazado archivar la querella en la que investiga a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.
Según informaron a Efe fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha remitido a la Fiscalía General del Estado los autos dictados por el Supremo en relación a ambas querellas a los efectos previstos en el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Este artículo establece que cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra un juez por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, el juez o tribunal que conociera de la causa lo comunicará al CGPJ, "quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal".
En su informe, que según las mismas fuentes no es vinculante, el fiscal previsiblemente se opondrá a la suspensión de Garzón, ya que la postura mantenida hasta ahora por el Ministerio Público -según recordaron ayer fuentes de esta institución- es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos.
El criterio seguido hasta ahora por el Consejo era el de acordar la suspensión de un juez contra el que se siga una causa penal sólo si la Fiscalía ejerce la acusación contra él, y el Ministerio Público no lo hace contra Garzón. Por ello, si el CGPJ decide suspenderle cautelarmente, sería la primera vez que lo hace por una querella de parte que no es respaldada por el fiscal y sin haberse dictado auto de procesamiento.
A todo ello se une a que el CGPJ ha remitido a su servicio de inspección la denuncia presentada el 28 de enero por el sindicato Manos Limpias contra Garzón, al que acusa de la comisión de "una falta muy grave" por "retardo injustificado en la tramitación del sumario del chivatazo".
